El 18 de junio de 2016 marcó un hito fundamental en la historia jurídica de México: la entrada en vigor plena de la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia de 2008. Esta transformación profunda no solo redefinió la forma en que se imparte justicia penal en nuestro país, sino que también sentó las bases para un sistema más transparente, eficiente y respetuoso de los derechos humanos. Hoy, al conmemorar nueve años de esta reforma, es imperativo reflexionar sobre los avances logrados y las ventajas que ha traído consigo el sistema penal acusatorio y oral.

Un ejemplo paradigmático de la implementación exitosa de este nuevo modelo lo encontramos en nuestro estado de Querétaro, que también celebra nueve años de la creación de COSMOS–Justicia Oral. Este modelo se ha consolidado como un referente nacional e internacional en la implementación de la reforma, demostrando el potencial transformador de un enfoque innovador y comprometido con la justicia.

Las ventajas del procedimiento acusatorio y oral: Un cambio de paradigma.

La transición del sistema inquisitivo al acusatorio y oral ha traído consigo beneficios sustanciales para el debido proceso penal, en consonancia con lo establecido en nuestra Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos.

1. Garantía del debido proceso y presunción de inocencia: Los principios establecidos en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son el pilar esencial para hacer posible el debido proceso y aseguran que todo imputado sea considerado inocente hasta que se demuestre lo contrario en un juicio oral. Esto se alinea directamente con lo dispuesto en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece las garantías judiciales mínimas. Lo anterior, porque todo está sujeto a la contradicción real del imputado y su defensor y, principalmente, porque cuando se llega a la etapa de juicio, no hay prueba preestablecida.
2. Juicios orales y transparencia: La oralidad es uno de los cambios más visibles y significativos. Los debates se desarrollan de forma pública ante un juez, lo que fomenta la transparencia y permite a la ciudadanía observar cómo se imparte justicia. Esta publicidad del juicio contribuye a la rendición de cuentas y a la confianza en las instituciones.
3. Contradicción y debate entre las partes: El sistema acusatorio se basa en la contradicción, permitiendo que las partes presenten sus argumentos, pruebas y objeciones bajo el principio de igualdad procesal. Además de la metodología para incorporar una prueba en juicio, donde cada declarante es sometido a un riguroso test a través de los interrogatorios y la contraexaminación. Esto genera un debate robusto que busca la verdad de los hechos y fortalece el derecho de defensa, según lo estipulado en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
4. Inmediación y proximidad del Juez: La inmediación implica que el juez que resuelve el caso debe estar presente en todas las audiencias, percibir directamente las pruebas y la conducta de los intervinientes. Esto le permite formar un criterio propio y tomar decisiones más informadas, basadas en la interacción directa con las partes y los elementos probatorios, a la vez que garantiza el que todos los justiciables, conozcan a su juez.
5. Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias: Una de las grandes innovaciones ha sido la priorización de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, como la mediación y la conciliación, así como las salidas alternas procesales que son los acuerdos reparatorios y la suspensión condicional del proceso. El Código Nacional de Procedimientos Penales promueve estas vías para delitos de menor impacto, permitiendo la reparación del daño a las víctimas de forma más expedita y garantizando una justicia pronta.
6. Profesionalización de los actores del sistema: La implementación del sistema acusatorio ha impulsado una mayor capacitación y especialización de jueces, fiscales, defensores públicos y policías. La oralidad exige habilidades de argumentación, litigación y manejo de pruebas que eran menos preponderantes en el sistema anterior.

El caso Querétaro: Cosmos, un modelo a seguir.

El modelo COSMOS de Querétaro representa un ejemplo de cómo una visión integral y una voluntad política pueden materializar los objetivos de la reforma.

Desde su concepción (agosto de 2015), COSMOS se enfocó en tener una visión sistemática a partir de la interacción de todas las instituciones que intervienen en un caso penal, desde el primer respondiente (policía preventivo) hasta el sistema penitenciario donde se compurgan las penas privativas de libertad, para garantizar los derechos humanos reconocidos a víctimas e imputados.

COSMOS diseñó un sistema informático único (SIU) en todo el Estado que tienen las instituciones de justicia y que permite la comunicación ágil en beneficio de los ciudadanos que entran al sistema de justicia penal, sin dejar de mencionar el diseño de la capacitación específica a los operadores, la inversión en infraestructura tecnológica y la creación de una cultura de respeto a los derechos humanos. Algo de suyo importante en observancia con el mandato constitucional, fue el fortalecimiento de la Defensoría Penal Pública para que quien defiende a imputados, realmente esté a la par del Fiscal acusador. Y, la visión particular que se tuvo de los mecanismos alternativos para que los casos derivados fueran adecuadamente atendidos por personas expertas en conflictos que logren acuerdos en igualdad.

El diseño del modelo de gestión judicial administrativa que se implementó desde el arranque del sistema en el Distrito Judicial de Querétaro (30 de mayo de 2016), y que es el que corresponde al proceso penal (poder judicial), permite que a nueve años de su implementación no esté congestionado ni en colapso, a pesar de que no existe un solo estado del país, en el que su sistema de gestión no esté en crisis (por diversas razones, pero principalmente, por una inadecuada planeación y operación). En Querétaro implementamos un modelo celular concentrado en el Coordinador de Gestión que organiza el trabajo de cuatro jueces con sus respectivos equipos; el juez que conoce de un caso lo conserva hasta la emisión del auto de apertura a juicio oral; se estandarizaron tiempos para la programación de audiencias y evitar que se empalmen o se difieran por una inadecuada gestión; se decidió por el modelo de tribunal unitario de enjuiciamiento; y se establecieron aspectos que permiten a un juez no interrumpir sus audiencias –principalmente de juicio–, para que atienda otras agendadas y así respetar los principios de concentración y continuidad. Este sistema de gestión nos permite, a nuevo años, estar actuar dentro de los plazos procesales que marca la ley procesal penal nacional y la duración de un procedimiento la tenemos promediada en once meses, a partir de la vinculación a la sentencia (si el caso llega a juicio oral y no se presentan apelaciones o amparos), lo que traduce realmente en una justicia pronta en beneficio de víctimas e imputados.

Los resultados son evidentes en la eficiencia de sus procesos y la confianza ciudadana en su sistema de justicia; diversos estados de la República Mexicana han visitado Querétaro para conocer el sistema y su operación. Pero no solo eso, sino que la eficiencia del modelo la han determinado organismos evaluadores de la sociedad civil, tanto nacionales como internacionales, y han reconocido a Cosmos:

• Siete años consecutivos por México Evalúa;
• Sesis años consecutivos por World Justice Project; y,
• Siete años consecutivos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha reconocido al modelo penitenciario como el que, a nivel nacional, es el que más protege y garantiza derechos humanos de las personas internas, además de contar con la certificación ACA (Asociación Americana de Correccionales, por sus siglas en inglés).

Conclusión.

A nueve años de la reforma constitucional en materia penal, México ha avanzado significativamente hacia un sistema de justicia más justo, transparente y respetuoso de los derechos humanos.

Si bien persisten desafíos y más con un cúmulo de reformas constitucionales recientes, los logros alcanzados, especialmente en entidades como la nuestra con el modelo Cosmos, son innegables y nos invitan a seguir trabajando por la consolidación de este nuevo paradigma.

La justicia oral no es solo una metodología procesal; es la materialización de un compromiso con la dignidad humana y la construcción de un Estado de Derecho sólido en materia penal. Como señalara Clauis Roxin: “El derecho procesal penal es el sismógrafo de la constitución del Estado”

En Querétaro, sigamos haciendo realidad el nuevo procedimiento penal acusatorio y oral.

La mal llamada reforma judicial publicada el 15 de septiembre de 2024 en el Diario Oficial de la Federación, representa un cambio institucional de alcances extraordinarios. Más allá de su impacto inmediato en la estructura del Poder Judicial y la forma de elegir a los jueces, debe analizarse en conjunto con otras reformas constitucionales, que dan cuenta de un viraje fundamental en la política criminal del país, marcando una reorientación histórica hacia un modelo más punitivo, militarizado y centralizado.

Al leer el capítulo 13 del libro “La Tormenta Judicial”, del que ya me he ocupado en otras entradas y nuevamente aquí lo puedes consultar, el maestro Daniel Quintanilla enfatiza que lo crucial es analizar las consecuencias concretas de la reforma, especialmente al considerarla como parte de un proceso más amplio de reescritura constitucional, con lo cual estoy completamente de acuerdo. La verdadera trascendencia de este cambio no reside únicamente en la reorganización del poder judicial, sino en cómo altera la naturaleza misma del Estado mexicano y su enfoque en el combate al delito. Para demostrarlo, me ocupo de los siguientes cuatro temas que, en mi concepto, son el caldo de cultivo para la nueva postura frente al delito y el delincuente. Aquí puedes ver el video al respecto.

1. Ampliación del fuero militar y facultades de investigación.

La reforma constitucional del 30 de septiembre de 2024 al artículo 21, que subordina la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), a la que se suma la publicada tres meses después en el DOF, el 31 de diciembre de 2024, también al artículo 21, que señala que la investigación de los delitos corresponde “…al Ministerio Público, a la secretaría del ramo de seguridad pública del Ejecutivo Federal, a la Guardia Nacional y a las policías…”, constituyen uno de los cambios más significativos en la historia constitucional mexicana desde 1857. Esta medida no es solo un ajuste de política, sino una transformación estructural de la arquitectura de seguridad del Estado.

La relevancia histórica de este cambio subraya un alejamiento del control civil de la seguridad pública hacia un enfoque militarizado permanente, con profundas implicaciones para las relaciones cívico-militares y la supervisión democrática. Esta integración conlleva la ampliación del fuero militar a toda la Guardia Nacional, que ahora tiene la responsabilidad permanente de la seguridad pública. Quintanilla califica esto como una “traición y derrota del proyecto liberal mexicano” que se inició en 1824, recordando las históricas luchas contra los fueros militares y eclesiásticos. La limitación del fuero militar fue una piedra angular del liberalismo mexicano, diseñada para establecer la supremacía civil. Su reexpansión, especialmente a una fuerza policial, representa un retroceso profundo de los principios democráticos establecidos, donde las instituciones civiles deberían supervisar la aplicación de la ley. Esto conduce a un modelo más autoritario donde la lógica y la jurisdicción militar se infiltran en la vida civil.

En este enlace puedes ver el video de este primer aspecto.

2. Prisión preventiva oficiosa: ampliación del catálogo de delitos.

El catálogo constitucional de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa se ha ampliado con las dos últimas reformas al artículo 19 constitucional publicadas en el DOF el 31 de diciembre de 2024 y la segunda el 1 de abril de 2025, tomando en cuenta que el 12 de abril de 2019, se publicó la reforma en el DOF al mismo artículo 19, y que fue la primera ocasión en que se amplió el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa (todo bajo el periodo de la llamada 4T)

La expansión de la prisión preventiva oficiosa la transforma de una medida cautelar, a una herramienta de control social y castigo inmediato. Significa un cambio constitucional en el que el poder punitivo del Estado se prioriza sobre los derechos fundamentales, legalizando una forma de castigo preventivo, a pesar de las condenas al Estado Mexicano por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (véase caso Tzompaxtle Tecpile y otros y el caso García Rodríguez y otro ambos contra México). A lo anterior debe sumarse que, en la reforma del 31 de diciembre de 2024, se incluyó una última parte al segundo párrafo que dice: “Para la interpretación y aplicación de las normas previstas en este párrafo, los órganos del Estado deberán atenerse a su literalidad, quedando prohibida cualquier interpretación análoga o extensiva”; todo lo cual genera una antinomia constitucional con el artículo 1 de la propia constitución y un retroceso de más de un siglo, al prohibir a los jueces interpretar y solo serán, nuevamente, la boca de la ley, pues necesariamente tendrán que imponer prisión preventiva a una persona, sin analizar si el caso amerita que enfrente su proceso privado de su libertad, lo que genera condenas anticipadas y vulnera el principio de presunción de inocencia.

El video de este aspecto lo puedes visualizar aquí.

3. “Jueces sin rostro”: Inclusión Constitucional.

Ha pasado desapercibido pero la mal llamada reforma judicial, introduce una nueva fracción X al apartado A del Artículo 20 constitucional, que permite al nuevo Órgano de Administración Judicial implementar medidas para “resguardar la identidad de las personas juzgadoras” en casos de delincuencia organizada. Esto no es más que la constitucionalización de los “jueces sin rostro”; significa normalizar una medida que, tradicionalmente, se reserva para situaciones excepcionales o estados de emergencia. Esto sugiere que el “estado de excepción” en la lucha contra el crimen se está convirtiendo en una característica permanente del sistema legal mexicano, difuminando la línea entre el estado de derecho y el régimen de emergencia, poniendo en riesgo derechos fundamentales a largo plazo.

Las experiencias en otros países latinoamericanos, como Colombia, Perú y El Salvador, ofrecen precedentes preocupantes con la figura de los llamados “jueces sin rostro”, como la de Perú, con Fujimori, y que incluso, existen condenas por parte de la CorIDH (véase caso García Asto y otro Vs. Perú). El Salvador, bajo el presidente Bukele, también implementó “jueces sin rostro“, lo que ha generado violaciones de derechos procesales.

La inclusión de esta figura en México, a pesar de las fallidas experiencias y las advertencias de organismos internacionales sobre la violación de garantías judiciales, demuestra un desprecio por las lecciones históricas y una disposición a arriesgarse a abusos similares.

Ell video lo puedes ver en este enlace.

4. Eliminación de contrapesos judiciales.

La justificación principal esgrimida por López Obrador para impulsar la mal llamada reforma judicial, fue la supuesta “corrupción” de los jueces, a quienes acusaba de “liberar delincuentes”. Esta narrativa ubica a la corrupción judicial, no como un problema ético o de imparcialidad, sino como una falta de deferencia al poder ejecutivo, en específico, al trabajo de las fiscalías. La reforma -que no es al sistema de justicia-, al concentrar los esfuerzos en la “renovación del poder judicial” y elección de jueces por voto popular, busca eliminar los contrapesos judiciales al poder de las fiscalías, consolidando así la autoridad punitiva en manos de instituciones alineadas con el ejecutivo. Esto genera un desequilibrio de poder significativo, desviándose de una reforma integral del sistema de justicia hacia una estrategia deliberada para centralizar el control.

Como dice Quintanilla, según el discurso oficial, un juez ideal sería aquel que “facilita el actuar de las fiscalías e impide que el debido proceso estorbe al mazo de la justicia”. Esta formulación es una crítica directa a un pilar fundamental de cualquier democracia liberal y estado de derecho: el debido proceso. Al vincular el debido proceso con un “estorbo” para la justicia, se indica que el nuevo sistema busca intencionalmente debilitar o eludir estas garantías en aras de una supuesta eficiencia en el combate a la delincuencia. En este contexto, es previsible que los futuros jueces penales emanados del voto popular, prometan ser “más deferentes con las fiscalías y sus métodos de investigación”. Y si no, ahí estará muy vigilante el Tribunal de Disciplina con esos poderes tan amplios, ya que está facultado para sancionar a jueces que incurran en actos u omisiones contrarias a la ley, a la administración de justicia o a los principios de objetividad, imparcialidad, independencia, profesionalismo o excelencia (véase artículo 100 párrafo cuarto de la CPEUM).

La elección de jueces por voto popular, compromete directamente la imparcialidad judicial, ya que los jueces tendrían un incentivo político para priorizar los resultados de la persecución penal sobre la estricta aplicación de los principios legales y los derechos humanos. La presión electoral se convierte así en un catalizador para la erosión de la calidad y equidad de la justicia y elimina los contrapesos judiciales tan importantes en el control de los actos de investigación del Estado contra los ciudadanos.

En este enlace te comparto el video relativo a este aspecto.

Conclusión: Una perspectiva autoritaria para la justicia y la democracia mexicana.

Al empoderar al ejecutivo (a través de las fiscalías y la policía militarizada) y, al mismo tiempo, desempoderar al poder judicial (a través de la elección popular, los “jueces sin rostro”, la detención obligatoria y el tribunal de disciplina), la reforma desmantela las salvaguardias institucionales contra el abuso de poder. Esto lleva a México hacia un estado autoritario de facto, independientemente de los procesos democráticos formales, al concentrar un poder inmenso en el ejecutivo y el ejército. Esta es una consecuencia práctica que afectará el funcionamiento diario de la justicia penal, lo que podría llevar a un aumento de errores, retrasos y una disminución de la seguridad jurídica.

El “filo autoritario” de la reforma judicial reside en que otorga, de acuerdo a lo que señala el Mtro. Quintanilla, “un barniz constitucional a una persecución penal sin controles judiciales y con participación militar”. Esto es una distinción fundamental, pues la reforma busca transformar la democracia en un sistema formalmente constitucional pero sustantivamente autoritario.

Se augura un futuro de mayor represión estatal, erosión de las libertades civiles y un declive en los derechos humanos, con costos sociales profundos y perdurables que serán difíciles de revertir, incluso si las estructuras democráticas formales persisten.

Finalmente, si la democracia constitucional en México ha sucumbido, Quintanilla sugiere que “tal vez el primer paso para resucitarla es recordar que, antes que una calca del Federalista, el derecho constitucional y el derecho penal, no deben ser trituradoras de personas”. Esta afirmación es una crítica contundente a la instrumentalización del derecho (constitucional y penal) como una herramienta del poder estatal, en lugar de uno protector de los individuos. Como dice Roxin, “Un Estado de derecho debe proteger al individuo no solo mediante el derecho penal, sino también del derecho penal”; el procedimiento penal acusatorio ofrecía esa garantía; las recientes reformas, son un caldo de cultivo para el ejercicio desmedido de poder penal frente al ciudadano, el sujeto más débil, como dice Ferrajoli.