Recientemente tuve la oportunidad de ver la serie Il Gattopardo (Netflix, 2025),  y recordé la clásica frase que se usa en política sobre el gatopardismo: “Cambiar todo para que nada cambie”, que la relacioné con la llamada reforma judicial y he aquí mi reflexión al respecto:

Gatopardismo judicial: ¿Reforma o simulación?

En México, el discurso de la transformación ha alcanzado todos los niveles del Estado, y el Poder Judicial no ha quedado fuera. La propuesta de elección popular de jueces, magistrados y ministros ha sido presentada como una medida radical destinada a democratizar el sistema de justicia y romper con privilegios históricos. Pero cabe preguntarse: ¿estamos realmente ante una transformación estructural o solo frente a un caso más de gatopardismo?

El término gatopardismo, tomado de la novela El Gatopardo de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, alude a esos cambios que modifican las formas pero no el fondo, cuya finalidad última es mantener el statu quo. Como lo describe Norberto Bobbio, “el mayor obstáculo para la democracia no es la ausencia de reformas, sino su uso como simulacro de cambio” (Teoría general de la política, 2009).

¿Una reforma con rostro democrático?

La elección de jueces por voto popular ha sido presentada como una vía para “devolver el poder al pueblo”, en un momento de creciente desconfianza hacia el Poder Judicial. En apariencia, se trata de un avance democrático. Sin embargo, este tipo de propuestas plantean más preguntas que respuestas cuando se analiza su viabilidad, sus consecuencias institucionales y su impacto real en la calidad de la justicia.

El jurista argentino Roberto Gargarella advierte que una de las trampas más comunes en América Latina es la sustitución del contenido democrático por su forma externa: “se apela a instrumentos de participación que, en ausencia de estructuras sólidas de deliberación y transparencia, pueden usarse para legitimar decisiones autoritarias” (La sala de máquinas de la Constitución, 2014).

Este cambio no se acompaña de reformas para el fortalecimiento de la carrera judicial, la formación ética y técnica de los jueces, la autonomía presupuestal de los poderes judiciales, y sobre todo, carece de mecanismos que permitan un real acceso a la justicia, así como una impartición de justicia con calidad; así, este anunciado cambio será meramente cosmético (cambiar la apariencia sin afectar la estructura).

Legitimidad democrática: algo más que el voto

Una reforma judicial auténtica debe aspirar a fortalecer la legitimidad democrática del Poder Judicial, entendida no solo como la expresión de la voluntad popular, sino como la confianza pública basada en la independencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas. Como sostiene Luigi Ferrajoli, “la legitimidad del juez no se funda en el sufragio, sino en el derecho. No es el consenso popular lo que legitima sus decisiones, sino su sujeción estricta a la legalidad y a la razón jurídica” (Derecho y razón, 1995).

Elegir a los jueces por voto popular puede sonar democrático, pero ¿qué ocurre si detrás de las candidaturas hay estructuras partidistas, clientelares o corporativas? ¿Qué pasa si el acceso a los cargos judiciales se convierte en una contienda electoral financiada por intereses privados? Las restricciones que el INE ha impuesto, no garantizan que nada de esto suceda.

Transformar, no simular

El sistema de justicia en México necesita transformarse, pero no a costa de su independencia, ni mediante reformas que en el fondo buscan control político disfrazado de apertura democrática. La transformación judicial no puede ser una simulación. Requiere diagnóstico, planeación, evaluación y compromiso institucional real.

Como señala Héctor Fix-Fierro, “las reformas judiciales en México muchas veces se conciben como episodios aislados, desconectados de una política de justicia integral, y su impacto es limitado cuando no van acompañadas de transformaciones culturales e institucionales profundas” (La reforma judicial en México: 1995-2010, UNAM, 2011).

La historia nos ha enseñado que las grandes reformas que no tocan las raíces del problema, acaban siendo gatopardismo institucional: se cambian las reglas, los procedimientos, los rostros, pero no se toca el verdadero poder, ni se garantiza una mejor justicia para la ciudadanía.

Hoy, más que nunca, debemos exigir una reforma judicial profunda, integral y con visión de Estado. Una transformación que no solo cambie todo para que nada cambie.