En el programa televisivo “Entre Dichos” (El Financiero), el 4 de junio de 2025, el periodista René Delgado entrevistó al constitucionalista Diego Valadés, investigador emérito del IIJ UNAM. Me parece una profunda reflexión del doctor Valadés sobre el futuro del poder judicial a partir de las elecciones de jueces por voto popular.
La entrevista completa la pueden ver aquí, y también hice un resumen de los puntos neurálgicos que comparto a continuación:
El 28 de abril de 2025, la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana, CAAAREM, con motivo de su consejo nacional reunido en Querétaro, me invitaron a platicar sobre la llamada “reforma judicial” en lo que respecta al Poder Judicial de la Federación, y expuse lo siguiente:
Comenté que el próximo 1 de junio de 2025, México vivirá un proceso sin precedentes: la ciudadanía elegirá por voto popular a ministros, jueces y magistrados federales. Esta transformación, derivada de la reforma constitucional publicada el 15 de septiembre de 2024, constituye un lamentable cambio en la forma de designación de juzgadores, aunado a que su implementación acelerada ha generado importantes cuestionamientos desde el ámbito jurídico, social y académico.
La reforma eliminó el sistema de designación basado en mérito profesional y concursos de oposición (para magistrados y jueces). En su lugar, se instauró la elección directa por parte de la ciudadanía. Entre los cambios más significativos destacan:
Reducción de once a nueve ministros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que sesionará exclusivamente en pleno.
Creación de un Tribunal de Disciplina elegido por voto popular.
Sustitución de los Consejos de la Judicatura por un nuevo Órgano de Administración.
Delegación al Instituto Nacional Electoral (INE) de la organización y reglamentación del proceso.
El proceso contempla la elección de 881 cargos judiciales a nivel federal, incluyendo ministros de la SCJN, magistrados electorales, magistrados del nuevo tribunal de disciplina, jueces de distrito y magistrados de circuito. Compiten 3422 candidatos, lo que implica un promedio de casi cuatro aspirantes por puesto.
Cada elector recibirá seis boletas, correspondientes a los distintos cargos en contienda. La complejidad de esta votación multinivel —nacional, regional, por circuito y por distrito— plantea un desafío logístico sin antecedentes, porque además, habrá espacios para elegir el número de mujeres y de hombres que corresponda por cada cargo, por ejemplo, para ministro de la Corte, se deberá anotar el número correspondiente a 5 mujeres y 4 hombres; complejidad que se incrementa en jueces de distrito y magistrados de circuito, porque además de elegir hombre o mujer, se deberá elegir por materia (civil, penal, administrativa, laboral, etcétera).
Puse como ejemplo la cantidad de cargos y candidatos que elegiremos en el estado de Querétaro, tomando en cuenta que solo tendremos elección federal. Cada estado será diferente, dependiendo también de si hay elecciones de juzgadores locales.
En el estado de Querétaro se elegirán 35 cargos judiciales entre 191 candidatos. La ciudadanía deberá conocer perfiles altamente especializados, sin contar con campañas públicas ni mecanismos de difusión amplios que faciliten un voto informado.
La reforma pretende un intento por democratizar el sistema judicial, entendiendo por tal, que el “pueblo” designe a sus jueces, lo cual es un error, pero además, presenta varios puntos críticos:
Debilitamiento de la independencia judicial al someter a jueces y magistrados a una lógica electoral.
Falta de mecanismos reales de acceso a la justicia, especialmente para grupos en situación de vulnerabilidad.
Supresión de la carrera judicial, lo que desincentiva la formación técnica y profesional en el ámbito jurisdiccional.
Evaluaciones subjetivas y sorteo (“tómbola”) como método de selección preliminar, lo que compromete la legitimidad del proceso.
El experimento democrático que representa esta elección judicial no servirá para redefinir la relación entre el Poder Judicial y la ciudadanía. Hay otros mecanismos para ello sin comprometer la independencia e imparcialidad de los jueces; su apresurada implementación, la ausencia de reglas claras y la sobrecarga informativa para el electorado generan dudas fundadas sobre su eficacia, equidad y legitimidad. Frente a este escenario, es indispensable promover una reflexión profunda sobre los riesgos de politización de la justicia y la necesidad de fortalecer, no debilitar, su independencia.
Les dejo aquí la presentación completa de la charla donde podrán ver el número de candidatos por cada cargo (dar click sobre cada diapositiva).
Recientemente tuve la oportunidad de ver la serie Il Gattopardo (Netflix, 2025), y recordé la clásica frase que se usa en política sobre el gatopardismo: “Cambiar todo para que nada cambie”, que la relacioné con la llamada reforma judicial y he aquí mi reflexión al respecto:
En México, el discurso de la transformación ha alcanzado todos los niveles del Estado, y el Poder Judicial no ha quedado fuera. La propuesta de elección popular de jueces, magistrados y ministros ha sido presentada como una medida radical destinada a democratizar el sistema de justicia y romper con privilegios históricos. Pero cabe preguntarse: ¿estamos realmente ante una transformación estructural o solo frente a un caso más de gatopardismo?
El término gatopardismo, tomado de la novela El Gatopardo de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, alude a esos cambios que modifican las formas pero no el fondo, cuya finalidad última es mantener el statu quo. Como lo describe Norberto Bobbio, “el mayor obstáculo para la democracia no es la ausencia de reformas, sino su uso como simulacro de cambio” (Teoría general de la política, 2009).
La elección de jueces por voto popular ha sido presentada como una vía para “devolver el poder al pueblo”, en un momento de creciente desconfianza hacia el Poder Judicial. En apariencia, se trata de un avance democrático. Sin embargo, este tipo de propuestas plantean más preguntas que respuestas cuando se analiza su viabilidad, sus consecuencias institucionales y su impacto real en la calidad de la justicia.
El jurista argentino Roberto Gargarella advierte que una de las trampas más comunes en América Latina es la sustitución del contenido democrático por su forma externa: “se apela a instrumentos de participación que, en ausencia de estructuras sólidas de deliberación y transparencia, pueden usarse para legitimar decisiones autoritarias” (La sala de máquinas de la Constitución, 2014).
Este cambio no se acompaña de reformas para el fortalecimiento de la carrera judicial, la formación ética y técnica de los jueces, la autonomía presupuestal de los poderes judiciales, y sobre todo, carece de mecanismos que permitan un real acceso a la justicia, así como una impartición de justicia con calidad; así, este anunciado cambio será meramente cosmético (cambiar la apariencia sin afectar la estructura).
Una reforma judicial auténtica debe aspirar a fortalecer la legitimidad democrática del Poder Judicial, entendida no solo como la expresión de la voluntad popular, sino como la confianza pública basada en la independencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas. Como sostiene Luigi Ferrajoli, “la legitimidad del juez no se funda en el sufragio, sino en el derecho. No es el consenso popular lo que legitima sus decisiones, sino su sujeción estricta a la legalidad y a la razón jurídica” (Derecho y razón, 1995).
Elegir a los jueces por voto popular puede sonar democrático, pero ¿qué ocurre si detrás de las candidaturas hay estructuras partidistas, clientelares o corporativas? ¿Qué pasa si el acceso a los cargos judiciales se convierte en una contienda electoral financiada por intereses privados? Las restricciones que el INE ha impuesto, no garantizan que nada de esto suceda.
El sistema de justicia en México necesita transformarse, pero no a costa de su independencia, ni mediante reformas que en el fondo buscan control político disfrazado de apertura democrática. La transformación judicial no puede ser una simulación. Requiere diagnóstico, planeación, evaluación y compromiso institucional real.
Como señala Héctor Fix-Fierro, “las reformas judiciales en México muchas veces se conciben como episodios aislados, desconectados de una política de justicia integral, y su impacto es limitado cuando no van acompañadas de transformaciones culturales e institucionales profundas” (La reforma judicial en México: 1995-2010, UNAM, 2011).
La historia nos ha enseñado que las grandes reformas que no tocan las raíces del problema, acaban siendo gatopardismo institucional: se cambian las reglas, los procedimientos, los rostros, pero no se toca el verdadero poder, ni se garantiza una mejor justicia para la ciudadanía.
Hoy, más que nunca, debemos exigir una reforma judicial profunda, integral y con visión de Estado. Una transformación que no solo cambie todo para que nada cambie.