Foro Mundial de Justicia 2025: Defendiendo el Estado de Derecho.

Recibí la invitación para participar en el World Justice Forum 2025: Standing Up for the Rule of Law, por parte de Alejandro Ponce, Director Ejecutivo de WJP y Alejandro González, Jefe de Incidencia y Vinculación del WJP, evento organizado en coordinación con el Ministerio de Justicia de Polonia y la presidencia de Polonia en el Consejo de la Unión Europea.

El Foro se llevó a cabo del 23 al 26 de junio, en la ciudad de Varsovia, Polonia. Contó con la asistencia de representantes de más de 80 países. Durante toda la jornada, se realizaron 28 mesas de trabajo y 10 sesiones plenarias, en diversos temas relacionados con la defensa del estado de derecho, la democracia, la independencia judicial y la justicia abierta.

Tuve dos participaciones: la primera fue en una reunión sobre “Independencia Judicial”, conformada solo por jueces y magistrados de 22 países, entre ellos, Ucrania, Turquía, Bélgica, Filipinas, India, Estado Unidos de América, Colombia, República Dominicana. De México, fui la única magistrada en la reunión.

Todos sorprendidos por la situación de México. Esta fue mi participación:

Defender la Justicia en Tiempos de Retroceso: Independencia Judicial en Riesgo.

  1. De amenazas de facto a regresiones reales: el caso mexicano.

En México, las amenazas a la independencia judicial dejaron de ser riesgos latentes o “de facto” y se convirtieron en realidades institucionalizadas a partir de la reforma Constitucional del 15 de septiembre de 2024, que modificó el sistema de designación, permanencia y disciplina de jueces y magistrados.

La reforma generó que el pasado 1 de junio de 2025, se eligieran 881 cargos jurisdiccionales, entre 3422 candidatos en todo el país. En mi estado, Querétaro, fueron 35 cargos, entre 191 candidatos.

El argumento fue la “democratización” y “legitimación” del poder judicial, pero esto no es así. Fue una penosa y lamentable elección, en la que únicamente votó el 13% del electorado (pero quedó solo en el 9% de votos efectivos), orquestada con “acordeones” (o con instrucciones) que repartieron a las personas y que tenía el nombre de candidatos por quien votar.

¿Qué significa? Sin más, la captura total del poder judicial en México, porque están en los cargos quienes el partido en el poder quiere y no así quienes cumplen con méritos en términos de experiencia, herramientas y conocimiento, y además por:

  1. Captura institucional a través del Tribunal de Disciplina.
    • La reforma de 2024 crea este órgano que tiene funciones para sancionar a jueces que resuelvan contra la “legalidad” o contra la “administración de justicia”, lo cual es muy amplio, pero el objetivo es la vigilancia sobre los jueces para que resuelvan de acuerdo al “oficialismo”. Pérdida de la independencia judicial.
    • Creación de la figura de los jueces sin rostro para delincuencia organizada.
  2. Incertidumbre en la carrera judicial
    • La falta de garantías claras de estabilidad y ascenso por mérito genera un clima de temor y autocensura en el ejercicio jurisdiccional.
    • La remoción, sanción y golpeteo contra jueces por razones políticas se ha dado en varios estados.
  3. Reformas judiciales regresivas
    • La mal llamada reforma judicial agrava la situación al politizar la impartición de justicia.
    • Esto representa una amenaza estructural a la independencia judicial, al subordinar la función jurisdiccional a lógicas electorales.
    • Reforzamiento de la prisión preventiva oficiosa donde la constitución prohíbe a los jueces interpretar y deben aplicar literalmente la norma.
  4. Presión mediática y narrativa anti-judicial
    • El discurso estigmatizante desde el poder político hacia jueces y órganos jurisdiccionales ha debilitado la confianza pública y genera hostilidad social hacia la judicatura.
  5. Débil protección internacional
    • México carece de mecanismos efectivos de defensa supranacional para jueces amenazados por decisiones del Estado. La independencia judicial, aunque reconocida normativamente, carece de resguardo real.

La independencia judicial no es solo una garantía para los jueces: es una condición de posibilidad para los derechos de todas las personas. Si el juez teme, la ciudadanía pierde. Por ello, la defensa de la independencia judicial no puede quedarse en el discurso: exige acción coordinada, nacional e internacional, antes de que la excepción se vuelva norma.

World Justice Project está lanzando el programa Defender la Justicia (WJP) y me cuestionaron sobre, cómo este proyecto puede apoyar mejor a reformadores y cortes de justicia que enfrentan presiones a nivel nacional, y esta fue mi respuesta:

Un proyecto como Defender la Justicia puede convertirse en una herramienta clave para proteger a los reformadores judiciales si adopta un enfoque integral basado en cinco líneas estratégicas:

  1. Generar escudos de visibilidad internacional.
  • La protección comienza con el reconocimiento público. Cuando una jueza, magistrado o tribunal es blanco de ataques por ejercer su función con autonomía, Defender la Justicia puede activar alertas tempranas, informes internacionales y campañas de respaldo.
  • La visibilidad internacional disuade represalias y dota de legitimidad a las voces internas.
  1. Proporcionar asistencia técnica y comparada.
  • Muchas reformas regresivas se disfrazan de “modernización” o “democratización”.
  • Este proyecto puede ofrecer contranarrativas jurídicas sólidas, apoyadas en estándares internacionales y evidencia comparada, que refuercen las posturas técnicas de quienes defienden la independencia judicial.
  1. Articular redes de protección multiactor.
  • Crear canales de comunicación entre cortes, observatorios ciudadanos, academia y organismos internacionales para intercambiar alertas, aprendizajes y estrategias de contención.
  • Estas redes deben ser rápidas, confiables y discretas en contextos de alta conflictividad política.
  1. Financiar estrategias de defensa institucional
  • Muchos tribunales carecen de recursos para sostener equipos técnicos, comunicación estratégica o defensa legal ante amenazas.
  • Defender la Justicia puede financiar estrategias institucionales de integridad, transparencia y narrativa pública, que fortalezcan su legitimidad y resiliencia.
  1. Acompañamiento contextualizado
  • La defensa judicial no es uniforme: cambia según el país, el tipo de presión y la fortaleza institucional.
  • El proyecto debe adaptarse al contexto local, entendiendo las dinámicas políticas, jurídicas y sociales en juego, sin imponer soluciones universales.

Apoyar a quienes defienden la independencia judicial no es solo proteger instituciones: es proteger los derechos de quienes acuden a ellas. Defender la Justicia puede convertirse en ese puente entre lo global y lo local, entre el derecho y la acción.

La independencia judicial no es un privilegio corporativo, sino una garantía estructural de los derechos humanos. En contextos como el mexicano, donde las reformas regresivas ya están en marcha, es indispensable que la comunidad internacional actúe de manera firme y coordinada.

Proyectos como Defender la Justicia deben asumir un papel activo, no solo como observadores, sino como aliados estratégicos. Porque cuando el juez no puede hablar con libertad, es la ciudadanía quien queda en silencio.

 

 

Mi segunda participación fue en la mesa de trabajo: “Hacia una coalición multisectorial para mejorar la apertura y la confianza pública en las instituciones de justicia”, organizada por World Justica Project, la Red Internacional por la Justicia Abierta (RIJA) y la Alianza por el Gobierno Abierto (OGP).

Compartí panel con:

  • Álvaro Herrero (RIJA)
  • Adna Karamehic-Oates (OGP)
  • Ana Cárdenas (WJP México)
  • Samuel Arias (Magistrado de la Suprema Corte de República Dominicana)
  • Krzysztof Izdebski, de Stefan Batory Foundation
  • Christiane Wolowiec-Musich, de GIZ
  • Isabel Lemba, Embajadora de Zambia

Fue un honor compartir este espacio con defensores de la justicia abierta de distintas regiones del mundo. Hablé desde la experiencia concreta que tuve como Presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado de Querétaro, en México, donde impulsé una agenda decidida de apertura institucional.

En cuanto a la pregunta: ¿Qué pueden hacer los actores externos para apoyar a quienes defendemos la justicia abierta dentro del Poder Judicial? Desde mi perspectiva, su apoyo puede ser decisivo si se concreta en cinco líneas de acción:

  1. Primero, el acompañamiento técnico. Necesitamos herramientas y metodologías que nos ayuden a diseñar políticas viables: plataformas digitales, modelos de participación ciudadana, apertura de datos judiciales.
  2. Segundo, la construcción de legitimidad. Cuando los medios, la academia o la sociedad civil respaldan públicamente a quienes impulsamos estas reformas, se reducen resistencias internas y se fortalece nuestra posición institucional. Por ejemplo, al instalar un Observatorio Ciudadano que fuera partícipe de decisiones estratégicas del poder judicial, como la designación de nuevos jueces o en las licitaciones públicas, contar con el apoyo de actores externos fue decisivo para persuadir y mitigar resistencias internas.
  3. Tercero, el financiamiento. Muchos poderes judiciales enfrentan serias limitaciones presupuestarias. La cooperación internacional puede ayudarnos a lanzar proyectos piloto, hacer diagnósticos, o desarrollar capacidades técnicas.
  4. Cuarto, la formación. Es necesario sensibilizar tanto a operadores jurídicos como a la ciudadanía sobre los principios de la justicia abierta: transparencia, participación y colaboración. Para impulsar el lenguaje claro en las sentencias, tuvimos que apoyarnos en la capacitación de lingüistas expertas.
  5. Y quinto, el monitoreo ciudadano. La auditoría social, bien entendida, no es una amenaza: es un motor para la mejora continua y la rendición de cuentas.

Realicé una presentación que pueden verificar aquí.

¿Y qué facilita la sostenibilidad de la justicia abierta dentro del Poder Judicial?

Les compartí seis claves basadas en mi experiencia:

  1. El liderazgo con visión transformadora. Como presidente del tribunal, mi visión fue clara: abrirnos a la sociedad, acercarnos, construir legitimidad. La justicia no puede ser una caja negra.
  2. La institucionalización normativa. No basta con buenas intenciones. En Querétaro, impulsamos una reforma legal: la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial establece la justicia abierta como obligación legal y crea un Observatorio Ciudadano con atribuciones claras.
  3. La infraestructura tecnológica. Hablamos de expedientes digitales, audiencias públicas en línea, datos judiciales abiertos. Esto requiere plataformas seguras y confiables.
  4. La cultura organizacional. Implementamos un mecanismo de rendición de cuentas judicial: publicamos la productividad y pendientes de los jueces en el sitio web institucional. Esto no debilitó al Poder Judicial; lo fortaleció.
  5. La evaluación permanente. Necesitamos indicadores, encuestas, mecanismos de retroalimentación. La apertura es un proceso, no una foto.
  6. Y finalmente, las alianzas multiactor. El Observatorio Ciudadano del Poder Judicial en Querétaro fue clave para que más sectores conocieran cómo se gasta el presupuesto, cómo se selecciona a los jueces, y cómo se puede incidir.

La justicia abierta no es un lujo ni una moda. Es una exigencia democrática. Y para sostenerla, necesitamos voluntad política dentro, y acompañamiento comprometido desde fuera.

 

Fue todo un éxito el World Justice Forum 2025 por el gran poder de convocatoria y los diversos temas tratados, todos de actualidad. Mi reflexión final es que vivimos tiempos complicados para la independencia judicial en diversos países, de distintas intensidades y por diferentes motivos, pero que finalmente, el común denominador es la intención clara de socavar la función de la judicatura, tan necesaria para la democracia y la república, pero que estorba a los gobiernos autoritarios y populistas. El que organizaciones como WJP esté preocupado y ocupado por el tema, es muestra del interés por siempre defender el Estado de Derecho. En esa lucha continuaremos y más, si la sociedad civil organizada apoya a las instituciones de justicia.

También fue significativo para mí, que el Foro se realizara en Varsovia: una ciudad que fue destruída y la humanidad de ahí, aniquilada, pero la gran lección es que se levantaron, se reconstruyeron y hoy, es un gran polo de desarrollo, con una excelente calidad de vida para los polacos. Todo es cíclico, todo cambia y vuelve a su estado natural. Gracias Polonia por las enseñanzas: país ejemplo de resiliencia y reconstrucción institucional.

Agradezco la oportunidad de haber sido parte de tan importante y productivo evento. Gracias a Alejandro Ponce y Alejandro González por la confianza y por invitarme a participar. Mi reconocimiento a Ana María Montoya y Daniela Barba, por la excelente conducción de las mesas en las que participé. Y mi agradecimiento eterno a Ana Cárdenas por su gran apoyo. Todos ellos de WJP.

¿Y después de la elección, qué? Entrevista a Diego Valadés

En el programa televisivo “Entre Dichos” (El Financiero), el 4 de junio de 2025, el periodista René Delgado entrevistó al constitucionalista Diego Valadés, investigador emérito del IIJ UNAM. Me parece una profunda reflexión del doctor Valadés sobre el futuro del poder judicial a partir de las elecciones de jueces por voto popular.

La entrevista completa la pueden ver aquí, y también hice un resumen de los puntos neurálgicos que comparto a continuación:

Temas principales y hechos cruciales:

  1. Desmantelamiento institucional y salto al vacío:
  • Valadés sostiene que la reforma judicial y la forma en que se llevó a cabo la elección de jueces representan la “culminación de un proceso que se había venido comentando y ya prácticamente es un lugar común decir que lo que presenciamos fue ya la precipitación de lo último que quedaba del sistema institucional mexicano”.
  • Argumenta que se ha desmantelado a los partidos políticos, el sistema representativo, el diálogo político y los órganos constitucionales autónomos.
  • La reforma judicial es vista como un “salto al vacío” sin una sustitución adecuada del sistema existente, ya que “el designar nuevos titulares no es nada”, y lo que se necesitaba era una reforma de fondo que permitiera un mejor acceso a la justicia.

2. Fracaso de la participación y fraude en los resultados de la elección judicial:

  • Valadés reafirma su predicción de un fracaso en la participación y un fraude en el resultado.
  • La baja participación (13% según cifras oficiales, menos los votos nulos), a pesar del alto nivel de aprobación del gobierno (82%) y una “convocatoria masiva” por parte de todas las figuras del oficialismo, es un claro indicio de fracaso.
  • El fraude se evidencia en la proliferación de “acordeones” (listas de candidatos recomendados), que el INE declaró ilegales tardíamente pero ya estaban ampliamente distribuidos y, según los resultados, “funcionaron” al favorecer a los candidatos señalados en ellos.
  • La expresión “desconcierto acordeonístico” acuñada por el entrevistador y respaldada por Valadés, describe la falta de alineamiento interno en el movimiento oficialista, donde incluso el candidato con mayor votación no era uno de los que reiteradamente manifestaban su intención de presidir la Corte.

3. Demagogia y exacerbación del absolutismo presidencial:

  • La reforma es calificada de “demagógica”, ya que “elegir jueces es un acto demagógico” y no democrático.
  • Se impuso la obligación de elegir jueces a todos los estados, rompiendo el esquema institucional del país, a diferencia de EE.UU. donde los estados tienen autonomía al respecto.
  • La reforma es el punto culminante del “absolutismo presidencial”, donde el presidente busca tener dos tercios en el Congreso para aprobar sus iniciativas “sin modificar una coma”.

4. Impacto negativo en la justicia y la seguridad: Corrupción e ingobernabilidad:

  • La elección de jueces, lejos de corregir la corrupción, la “incrementa”, anticipando “fenómenos de corrupción como no hemos conocido en la historia del país”.
  • Valadés retoma una advertencia de 2023: la reforma “conduciría al país a la ingobernabilidad”.
  • La reforma “le quita al Estado mexicano… los últimos instrumentos de una gobernabilidad posible”.
  • La permanencia de los jueces federales en una jurisdicción específica por 9 años los expone a la “extorsión” de grupos delincuenciales, poniendo en riesgo la seguridad pública.
  • Se prevé que delincuentes con influencia serán liberados y las extradiciones se encarecerán y enrarecerán, abriendo una “línea de agua en el nivel de flotación del sistema de seguridad del país”.
  • Valadés afirma que “México va a entrar en una espiral decreciente en cuanto a su vida constitucional que efectivamente nos va a llevar a la ingobernabilidad”.
  • Una “tiranía es un sistema que funciona al margen de la ley pero de manera eficaz”, mientras que lo que se avecina en México es “anarquía o ingobernabilidad” porque “la transgresión de la norma… va acompañada de ingobernabilidad”.

5. Paradoja del absolutismo presidencial y autonomía de los jueces electos:

  • Aunque la reforma parece fortalecer el control presidencial, Valadés advierte un “efecto exactamente inverso”.
  • Serán los “caciques locales los que se van a adueñar de los sistemas judiciales local y federal”.
  • Los jueces electos, al tener la “misma fuente de legitimidad que el presidente de la República y que el Congreso”, podrán actuar con mayor autonomía y “en términos que el gobierno no imagina”.
  • Esto conducirá a una “disrupción del sistema institucional en el país por las dos vías: o por la vía de la claudicación o por la vía del ejercicio de las facultades que la Constitución les está confiriendo”.

6. Fracaso de la reforma judicial anterior y responsabilidades del poder judicial:

  • La reforma judicial de 2021, impulsada por el entonces presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, “estuvo bien construida”.
  • Sin embargo, el propio Poder Judicial “comenzó a actuar de una manera ideologizada y comenzó a transgredir algunas de sus propias normas”, excediéndose en su función y convirtiéndose casi en un “factor de oposición”.
  • Valadés señala “torpeza política” por parte de la presidenta de la Suprema Corte en el episodio de Querétaro (5 de Febrero), que generó una “inconformidad” y un “desafío público”.
  • Aunque el Poder Judicial elaboró un proyecto de reforma, fue tardío y no considerado por el Legislativo.
  • Sorprende a Valadés la falta de defensa del Poder Judicial al no notificar al INE que la lista de candidatos que se le atribuía no había sido elaborada por ellos, sino por el Senado, lo que habría “exhibido de una manera más ostensible que se trataba de una elección en la que el propósito era la extensión de la hegemonía política”.

7. Reforma Judicial incompleta e ineficaz:

  • La reforma actual es inútil y no responde a los problemas de acceso a la justicia, nepotismo, corrupción o tráfico de influencias.
  • Es un error “empezar por el último eslabón” al centrarse solo en la impartición de justicia y no en la procuración (fiscalías).
  • México adolece de una “falta de política de justicia desde 1917”.
  • Hay un “nivel de litigiosidad” muy bajo que denota una falta de “acceso a la justicia” por el exiguo número de juzgadores y la falta de información sobre la duración de los juicios, costos, capacitación de abogados e impacto normativo.
  • A pesar de estudios internos (como el del Consejo de la Judicatura) que reconocen prácticas de nepotismo, no se les hizo caso.
  • La impunidad (99% de los delitos) se debe a la falta de fiscales, sus bajos salarios y la carencia de una política de justicia integral. Para combatirla, se necesitaría “decuplicar el sistema de fiscalías y quintuplicar el sistema de juzgadores”.

8. Inevitable rectificación y desorden social:

  • Las autoridades viven un “gran júbilo” y una “incapacidad de ver lo que les va a pasar”.
  • Las principales afectaciones se verán en “uno o dos años” y serán para las propias autoridades.
  • La rectificación no vendrá por reconocer un error, sino porque “el país se volvió ingobernable”.
  • Se prevé un “desorden creciente en la vida institucional del país” que afectará a todos los sectores de la sociedad, generando “inconformidad social que todavía no podemos dimensionar ni prever en cuanto a su magnitud”.
Te invito a ver la entrevista completa y a reflexionar sobre las aportaciones objetivas del Dr. Diego Valadés. Es un tema que nos concierne a todas las personas.

Análisis de las elecciones judiciales 2025 en México.

El 28 de abril de 2025, la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana, CAAAREM, con motivo de su consejo nacional reunido en Querétaro, me invitaron a platicar sobre la llamada “reforma judicial” en lo que respecta al Poder Judicial de la Federación, y expuse lo siguiente:

Comenté que el próximo 1 de junio de 2025, México vivirá un proceso sin precedentes: la ciudadanía elegirá por voto popular a ministros, jueces y magistrados federales. Esta transformación, derivada de la reforma constitucional publicada el 15 de septiembre de 2024, constituye un lamentable cambio en la forma de designación de juzgadores, aunado a que su implementación acelerada ha generado importantes cuestionamientos desde el ámbito jurídico, social  y académico.

¿Qué establece la reforma?

La reforma eliminó el sistema de designación basado en mérito profesional y concursos de oposición (para magistrados y jueces). En su lugar, se instauró la elección directa por parte de la ciudadanía. Entre los cambios más significativos destacan:

  • Reducción de once a nueve ministros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que sesionará exclusivamente en pleno.

  • Creación de un Tribunal de Disciplina elegido por voto popular.

  • Sustitución de los Consejos de la Judicatura por un nuevo Órgano de Administración.

  • Delegación al Instituto Nacional Electoral (INE) de la organización y reglamentación del proceso.

Un proceso electoral judicial inédito

El proceso contempla la elección de 881 cargos judiciales a nivel federal, incluyendo ministros de la SCJN, magistrados electorales, magistrados del nuevo tribunal de disciplina, jueces de distrito y magistrados de circuito. Compiten 3422 candidatos, lo que implica un promedio de casi cuatro aspirantes por puesto.

Cada elector recibirá seis boletas, correspondientes a los distintos cargos en contienda. La complejidad de esta votación multinivel —nacional, regional, por circuito y por distrito— plantea un desafío logístico sin antecedentes, porque además, habrá espacios para elegir el número de mujeres y de hombres que corresponda por cada cargo, por ejemplo, para ministro de la Corte, se deberá anotar el número correspondiente a 5 mujeres y 4 hombres; complejidad que se incrementa en jueces de distrito y magistrados de circuito, porque además de elegir hombre o mujer, se deberá elegir por materia (civil, penal, administrativa, laboral, etcétera).

Elección en Querétaro.

Puse como ejemplo la cantidad de cargos y candidatos que elegiremos en el estado de Querétaro, tomando en cuenta que solo tendremos elección federal. Cada estado será diferente, dependiendo también de si hay elecciones de juzgadores locales.

En el estado de Querétaro se elegirán 35 cargos judiciales entre 191 candidatos. La ciudadanía deberá conocer perfiles altamente especializados, sin contar con campañas públicas ni mecanismos de difusión amplios que faciliten un voto informado.

Principales preocupaciones

La reforma pretende un intento por democratizar el sistema judicial, entendiendo por tal, que el “pueblo” designe a sus jueces, lo cual es un error, pero además, presenta varios puntos críticos:

  • Debilitamiento de la independencia judicial al someter a jueces y magistrados a una lógica electoral.

  • Falta de mecanismos reales de acceso a la justicia, especialmente para grupos en situación de vulnerabilidad.

  • Supresión de la carrera judicial, lo que desincentiva la formación técnica y profesional en el ámbito jurisdiccional.

  • Evaluaciones subjetivas y sorteo (“tómbola”) como método de selección preliminar, lo que compromete la legitimidad del proceso.

Reflexión final

El experimento democrático que representa esta elección judicial no servirá para redefinir la relación entre el Poder Judicial y la ciudadanía. Hay otros mecanismos para ello sin comprometer la independencia e imparcialidad de los jueces; su apresurada implementación, la ausencia de reglas claras y la sobrecarga informativa para el electorado generan dudas fundadas sobre su eficacia, equidad y legitimidad. Frente a este escenario, es indispensable promover una reflexión profunda sobre los riesgos de politización de la justicia y la necesidad de fortalecer, no debilitar, su independencia.

Les dejo aquí la presentación completa de la charla donde podrán ver el número de candidatos por cada cargo (dar click sobre cada diapositiva).

Gatopardismo en la reforma judicial mexicana: ¿Transformación real o simulación democrática?

Recientemente tuve la oportunidad de ver la serie Il Gattopardo (Netflix, 2025),  y recordé la clásica frase que se usa en política sobre el gatopardismo: “Cambiar todo para que nada cambie”, que la relacioné con la llamada reforma judicial y he aquí mi reflexión al respecto:

Gatopardismo judicial: ¿Reforma o simulación?

En México, el discurso de la transformación ha alcanzado todos los niveles del Estado, y el Poder Judicial no ha quedado fuera. La propuesta de elección popular de jueces, magistrados y ministros ha sido presentada como una medida radical destinada a democratizar el sistema de justicia y romper con privilegios históricos. Pero cabe preguntarse: ¿estamos realmente ante una transformación estructural o solo frente a un caso más de gatopardismo?

El término gatopardismo, tomado de la novela El Gatopardo de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, alude a esos cambios que modifican las formas pero no el fondo, cuya finalidad última es mantener el statu quo. Como lo describe Norberto Bobbio, “el mayor obstáculo para la democracia no es la ausencia de reformas, sino su uso como simulacro de cambio” (Teoría general de la política, 2009).

¿Una reforma con rostro democrático?

La elección de jueces por voto popular ha sido presentada como una vía para “devolver el poder al pueblo”, en un momento de creciente desconfianza hacia el Poder Judicial. En apariencia, se trata de un avance democrático. Sin embargo, este tipo de propuestas plantean más preguntas que respuestas cuando se analiza su viabilidad, sus consecuencias institucionales y su impacto real en la calidad de la justicia.

El jurista argentino Roberto Gargarella advierte que una de las trampas más comunes en América Latina es la sustitución del contenido democrático por su forma externa: “se apela a instrumentos de participación que, en ausencia de estructuras sólidas de deliberación y transparencia, pueden usarse para legitimar decisiones autoritarias” (La sala de máquinas de la Constitución, 2014).

Este cambio no se acompaña de reformas para el fortalecimiento de la carrera judicial, la formación ética y técnica de los jueces, la autonomía presupuestal de los poderes judiciales, y sobre todo, carece de mecanismos que permitan un real acceso a la justicia, así como una impartición de justicia con calidad; así, este anunciado cambio será meramente cosmético (cambiar la apariencia sin afectar la estructura).

Legitimidad democrática: algo más que el voto

Una reforma judicial auténtica debe aspirar a fortalecer la legitimidad democrática del Poder Judicial, entendida no solo como la expresión de la voluntad popular, sino como la confianza pública basada en la independencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas. Como sostiene Luigi Ferrajoli, “la legitimidad del juez no se funda en el sufragio, sino en el derecho. No es el consenso popular lo que legitima sus decisiones, sino su sujeción estricta a la legalidad y a la razón jurídica” (Derecho y razón, 1995).

Elegir a los jueces por voto popular puede sonar democrático, pero ¿qué ocurre si detrás de las candidaturas hay estructuras partidistas, clientelares o corporativas? ¿Qué pasa si el acceso a los cargos judiciales se convierte en una contienda electoral financiada por intereses privados? Las restricciones que el INE ha impuesto, no garantizan que nada de esto suceda.

Transformar, no simular

El sistema de justicia en México necesita transformarse, pero no a costa de su independencia, ni mediante reformas que en el fondo buscan control político disfrazado de apertura democrática. La transformación judicial no puede ser una simulación. Requiere diagnóstico, planeación, evaluación y compromiso institucional real.

Como señala Héctor Fix-Fierro, “las reformas judiciales en México muchas veces se conciben como episodios aislados, desconectados de una política de justicia integral, y su impacto es limitado cuando no van acompañadas de transformaciones culturales e institucionales profundas” (La reforma judicial en México: 1995-2010, UNAM, 2011).

La historia nos ha enseñado que las grandes reformas que no tocan las raíces del problema, acaban siendo gatopardismo institucional: se cambian las reglas, los procedimientos, los rostros, pero no se toca el verdadero poder, ni se garantiza una mejor justicia para la ciudadanía.

Hoy, más que nunca, debemos exigir una reforma judicial profunda, integral y con visión de Estado. Una transformación que no solo cambie todo para que nada cambie.