En el programa televisivo “Entre Dichos” (El Financiero), el 4 de junio de 2025, el periodista René Delgado entrevistó al constitucionalista Diego Valadés, investigador emérito del IIJ UNAM. Me parece una profunda reflexión del doctor Valadés sobre el futuro del poder judicial a partir de las elecciones de jueces por voto popular.
La entrevista completa la pueden ver aquí, y también hice un resumen de los puntos neurálgicos que comparto a continuación:
El libro “La Tormenta Judicial“, fue prologado por el profesor Roberto Gargarella, bajo el título “El Alpeh en la Reforma Judicial Mexicana”. En esta entrada les presento un análisis del puntual y crítico artículo que nos lleva a la reflexión sobre las problemáticas que hoy enfrenta el constitucionalismo mexicano.
El profesor Roberto Gargarella, emplea la poderosa metáfora del “Aleph” de Jorge Luis Borges. Así como la pequeña esfera en el cuento permite al narrador ver todo el universo desde un solo punto, la reforma judicial mexicana ofrece una perspectiva única para adentrarse en el vasto universo de los desafíos institucionales, sus dramas y laberintos. Este enfoque sugiere que la reforma no es un incidente aislado, sino una manifestación concentrada de patologías sistémicas más profundas en el constitucionalismo. Se convierte así en una herramienta conceptual que permite diagnosticar la salud de las instituciones democráticas, revelando cómo múltiples fallas, desde la separación de poderes hasta el proceso constituyente y el rol judicial, convergen en un solo evento, transformando la reforma en un caso de estudio paradigmático para comprender las vulnerabilidades del sistema. Desde esta perspectiva, Gargarella sostiene una postura profundamente crítica, describiendo la reforma como “desprolija, improvisada y polémica,” y advirtiendo que pone en riesgo el pilar fundamental de la división de poderes, trascendiendo con creces la mera reestructuración de la judicatura.
La reforma judicial mexicana se ha justificado bajo el noble estandarte de la “democratización de la justicia”. Sin embargo, el análisis crítico revela que esta alegación de grandes valores podría estar encubriendo cambios de naturaleza “muy poco noble”. El argumento central del autor reside en la crítica a una definición “estrecha, impropia y no atractiva” de democracia, que reduce la “democratización de la justicia” a la simple idea de “elecciones periódicas” para la designación de sus miembros.
Desde esta perspectiva limitada, la participación del ciudadano democrático se agota en el momento de emitir su voto por un juez. Este juez, una vez electo, estaría facultado para actuar “a su gusto, básicamente libre de todo diálogo con la ciudadanía, y exento de todo control popular” durante muchos años, lo que se califica como una “pésima idea de democracia”. La palabra “democratización” está siendo instrumentalizada o pervertida para justificar cambios que, paradójicamente, debilitan la independencia judicial y la rendición de cuentas genuina, en lugar de fortalecerlas. Esto revela una tendencia preocupante en la erosión democrática: el uso de retórica democrática para legitimar medidas que concentran poder y socavan las instituciones de control.
Gargarella sostiene que la democracia es un proceso vivo y continuo que se desarrolla “fundamentalmente, entre elección y elección”, implicando “debate, conflicto, acuerdos, accountability”. Por lo tanto, considerar que “democratizar el Poder Judicial” es sinónimo de “debe ser electo popularmente” resulta “insultante, en términos democráticos”. Bajo este modelo de elección popular, se corre el riesgo de que los jueces actúen “conforme a las presiones del poder de turno; ajenos a toda comunicación y control por parte del pueblo; pero siempre, en nombre de ese pueblo al que ya no responden”.
En contraste, se propone una visión “más robusta” de la democracia, donde “democratizar el Poder Judicial” implicaría acciones muy diferentes. Entre ellas, se destaca la necesidad de facilitar radicalmente el acceso de la ciudadanía a los tribunales y reforzar los canales de comunicación y diálogo entre jueces y ciudadanos comunes.
A continuación, se presenta una tabla que resume los problemas institucionales clave revelados por la reforma judicial mexicana, según el análisis de Roberto Gargarella:
Tabla: Problemas Institucionales Clave Revelados por la Reforma Judicial Mexicana (Según Roberto Gargarella)
| Problema Institucional | Descripción Breve | Implicación Principal para el Sistema Constitucional |
| Quiebre del Modelo de División de Poderes | Las tres ramas de gobierno quedan bajo control de una misma fuerza política, perdiendo el sentido de los “frenos y contrapesos”. | Riesgo de concentración de poder y desequilibrio institucional, más propio de regímenes autoritarios. |
| Modos y Contenidos de la Reforma Constitucional | Cambios decisivos impulsados por la “política corriente” sin debate profundo, consenso amplio o participación popular genuina. | Socava la legitimidad de la Constitución como pacto social fundamental; la convierte en instrumento del poder transitorio. |
| La “Democratización” de la Justicia | Reducción de la democratización judicial a la mera elección popular de jueces, ignorando la independencia y el diálogo ciudadano. | Jueces sujetos a presiones políticas y coyunturales, perdiendo su rol de guardianes de principios de largo plazo y rendición de cuentas. |
| Democracias Erosionadas | Concentración gradual de poder por el Ejecutivo “desde dentro” del sistema, debilitando los mecanismos de control. | Degeneración lenta de la democracia hacia una oligarquía, sin golpes de estado abruptos, sino por desmantelamiento interno. |
| Presidencias Imperiales e Híper-presidentes | Ejecutivos con facultades “adicionales” que les permiten influir y presionar a otras ramas del poder, especialmente a la judicatura. | Centralización del poder en el Ejecutivo, debilitando la autonomía de otros poderes y fomentando abusos. |
| Debacle de los Órganos de la Política Representativa | Legislaturas que aprueban reformas de gran magnitud con celeridad extrema y sin crítica, actuando como “escribanía” del Ejecutivo. | Pérdida de la función deliberativa y de representación de la diversidad social en el Legislativo, facilitando la concentración de poder. |
| Modalidades de la “Judicial Review” | Incapacidad o inacción del Poder Judicial para ejercer un control constitucional robusto, especialmente ante cambios en las “reglas del juego”. | El guardián constitucional falla en su función esencial, dejando el sistema vulnerable a reformas que benefician al poder de turno. |
La reforma judicial mexicana de 2024, con su propuesta de elección popular de jueces, ha desvelado una serie de problemas institucionales de profunda gravedad que trascienden la mera reestructuración de un poder del Estado. Se ha evidenciado el quiebre del modelo tradicional de división de poderes, la cuestionable legitimidad de los modos y contenidos de la reforma constitucional, una interpretación estrecha y peligrosa de la “democratización de la justicia”, síntomas claros de erosión democrática, la influencia de un híper-presidencialismo y la debacle de los órganos representativos.
A pesar de su carácter trágico, la reforma judicial puede ser concebida como un “experimento práctico ideal” para la reflexión crítica sobre la totalidad de los problemas que hoy enfrenta la teoría constitucional contemporánea. La cruda realidad expuesta por este proceso subraya la “urgencia de una reflexión jurídica transparente y clara en relación con las formas debidas del control judicial de constitucionalidad”.
El futuro del sistema judicial y democrático en México, y por extensión en otras latitudes que enfrentan desafíos similares, demanda un debate profundo y honesto. Es imperativo que la comunidad jurídica, los académicos y la ciudadanía en general asuman la responsabilidad de analizar críticamente estos fenómenos, no solo para comprender las implicaciones de la reforma actual, sino para fortalecer las instituciones democráticas frente a futuras amenazas.
La lección del “Aleph” mexicano es clara: los problemas institucionales no son aislados, sino interconectados, y su estudio integral es esencial para preservar la esencia de un Estado de Derecho.
En una entrada anterior comenté sobre “La Tormenta Judicial”, este atinado y extraordinario libro que coordinaron Saúl López Noriega y Javier Martín Reyes. Hice un resumen general de la obra y otro más sobre el prólogo que está a cargo de Roberto Gargarella.
En esta ocasión, comparto un estudio que realicé del capítulo 7 del libro, sobre toda la problemática futura derivada de la elección de jueces.
Hoy, nos estamos centrando en la “jornada electoral”, pero poco hemos reflexionado sobre lo que se avecina en la sustitución de juzgadores que llegarán al cargo por voto popular.
El Dr. Sergio López Ayllón, autor del capítulo 7, aborda un aspecto crucial y complejo de la reforma judicial mexicana de 2024: la sucesión de los jueces elegidos por voto popular. Realiza un examen minucioso de las reglas establecidas para la sustitución de juzgadores y sus posibles implicaciones para la legitimidad democrática y la estabilidad del sistema judicial. El análisis se centra en la tensión inherente entre la legitimidad derivada de la elección popular y la necesidad fundamental de continuidad judicial e independencia institucional.
La reforma introduce una paradoja fundamental: al cimentar la legitimidad de los jueces en el voto popular directo, se genera una fricción inherente con la necesidad de un funcionamiento judicial continuo, estable y predecible. Si cada ausencia, ya sea temporal o definitiva, requiriera un nuevo proceso electoral, el sistema se volvería logísticamente inmanejable, costoso y propenso a interrupciones constantes. Por otro lado, si los sustitutos son designados por medios no electorales, la legitimidad democrática que se atribuye a la elección original se diluiría. Este enfoque, impulsado por una retórica populista que busca “democratizar la justicia”, parece haber pasado por alto las realidades operativas y la potencial inestabilidad institucional que conlleva la priorización de la elección popular para la totalidad de los cargos judiciales. La búsqueda de una legitimidad democrática directa para los jueces, en este contexto, podría socavar la estabilidad y la continuidad funcional que son indispensables para un poder judicial eficaz y confiable.
El Dr. Sergio López Ayllón nos lleva a concluir, una vez más, lo errado de esta mal llamada reforma judicial.
Para una mejor ilustración, preparé una infografía que puedes consultar aquí y de nueva cuenta comparto el link del libro para su consulta.
La reforma judicial publicada en el Diario Oficial de la Federación el domingo 15 de septiembre de 2024, ha generado una ola de debates y análisis sobre sus implicaciones para el sistema de justicia del país.
Recientemente, los académicos Saúl López Noriega y Javier Martín Reyes -investigadores del Tecnológico de Monterrey y de Jurídicas de la UNAM, respectivamente-, publicaron un libro que coordinaron, denominado “La Tormenta Judicial. Implicaciones de la Reforma de 2024 en México”, que ofrece un examen exhaustivo de los efectos de la reforma constitucional. Comparto un atinado artículo del profesor Pedro Salazar Ugarte respecto a la publicación de la obra que pueden consultar aquí.
Agradezco a mi estimado Saúl López Noriega el hacerme llegar la versión electrónica del libro que congrega a prestigiados y serios académicos y operadores judiciales, quienes abordan distintos puntos de la llamada reforma judicial.
Me he propuesto hacer mi labor para difundirlo e inicio en esta entrada con un resumen general del contenido. En entradas siguientes, iré compartiendo las ideas principales de algunos artículos para de igual forma darlos a conocer, y pueda llegar cada vez más, a más y más personas, para que se generen los procesos reflexivos correspondientes.
El libro, bajo el sello de Nexos, y que pueden consultar aquí, contiene 13 capítulos, distribuidos en 161 páginas. Está prologado por el profesor Roberto Gargarella y participan autores como Francisca Pou Giménez, Sergio López Ayllón, Alfonso Oñate Laborde, Jose María Lujambio, entre otros. En los artículos encontramos desde una explicación general de la reforma, pasando por el tema de la carrera judicial, la desaparición de la salas en la Corte, el nuevo tribunal de disciplina, hasta -algo de suyo importante y preocupante-, el fin de los efectos generales en la justicia constitucional mexicana.
A continuación, presento un resumen de los aspectos más destacados de cada capítulo:
Prólogo: El Aleph en la reforma judicial mexicana.
Roberto Gargarella, en el prólogo, describe la reforma judicial mexicana como una de las mayores tragedias institucionales de nuestro tiempo. Argumenta que esta reforma, representa un cambio profundo en el Poder Judicial y plantea interrogantes fundamentales sobre el constitucionalismo contemporáneo, como la división de poderes, los modos de reforma constitucional y la “democratización” de la justicia.
Capítulo 1: La reforma judicial de 2024 en México: una explicación general
Saúl López Noriega y Javier Martín Reyes introducen la reforma judicial de 2024, destacando que es el cambio más radical en la historia de los poderes judiciales en México. Explican que esta reforma implica la destitución de todos los jueces federales y locales en menos de tres años, la elección de nuevos cargos judiciales por voto popular y la debilitación de mecanismos de protección de derechos como el juicio de amparo.
Capítulo 2: ¿Son comparables las elecciones judiciales estadounidenses con el voto popular instaurado por la reforma judicial mexicana?
Francisca Pou Giménez analiza la comparación entre las elecciones judiciales en Estados Unidos y el voto popular propuesto por la reforma mexicana. Concluye que existen diferencias significativas entre ambos modelos, lo que hace que las comparaciones sean erróneas y tramposas.
Capítulo 3: Las elecciones judiciales en México: los riesgos de captura.
Guadalupe Salmorán Villar examina los riesgos de captura en las elecciones judiciales mexicanas. Señala que la gran intervención y discrecionalidad de las fuerzas políticas en el proceso electoral, puede llevar a que se valore más la lealtad política que la capacidad técnica, lo que pone en peligro la imparcialidad e independencia de los poderes judiciales.
Capítulo 4: La clave de la elección del Poder Judicial: la asignación de cargos por distritos.
Alonso Zepeda Celis aborda los problemas derivados de la homologación de distritos electorales y judiciales. Advierte que esta homologación puede disminuir el poder del voto ciudadano y limitar la capacidad de elegir a todos los jueces que influyen en sus vidas.
Capítulo 5: La carrera judicial después de la reforma judicial Obrador-Sheinbaum.
Andrea Pozas Loyo y Julio Ríos Figueroa analizan las consecuencias de eliminar la carrera judicial. Concluyen que esta medida va en contra de la formación de un gremio de juzgadores profesionalizados y con sólidos conocimientos del derecho.
Capítulo 6: La otra cara de la reforma: la nueva disciplina y la misma administración del Poder Judicial de la Federación.
Alfonso Oñate Laborde examina la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal por el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial. Critica el enorme poder de estas instituciones, la falta de mecanismos de control sobre sus decisiones y los riesgos de captura política en la designación de sus integrantes.
Capítulo 7: La sustitución de los jueces electos: ¿el pueblo decide?
Sergio López Ayllón plantea interrogantes sobre la sustitución de jueces electos en casos de ausencia temporal o definitiva. Analiza si la legitimidad electoral de un juez electo es transferible a un sustituto y cómo se asegura que la designación por voto popular no se convierta en una mera formalidad.
Capítulo 8: El fin de los efectos generales en la justicia constitucional mexicana.
José María Lujambio explica las implicaciones de eliminar la posibilidad de suspensiones generales de leyes y actos de autoridad impugnados a través de los principales medios de control constitucional. Advierte sobre las graves consecuencias de esta medida para la protección de los derechos y el equilibrio constitucional.
Capítulo 9: Justicia constitucional sin rumbo: la eliminación de las Salas de la Suprema Corte.
Mariana Velasco y Omar Hernández examinan los escenarios caóticos que se derivan de la eliminación de las Salas de la Suprema Corte. Señalan que esta medida amenaza con hacer aún más lento un sistema de justicia que ya enfrenta serios problemas de eficiencia.
Capítulo 10: Jurisprudencia y sistema de precedentes: escenarios a partir de la reforma judicial.
María Amparo Hernández analiza el impacto de la reforma judicial en la arquitectura de precedentes y el riesgo de control político sobre las decisiones judiciales de la Suprema Corte.
Capítulo 11: La otra reforma: la justicia en las entidades federativas.
Javier Martín Reyes y Saúl López Noriega abordan un elemento de la reforma judicial que ha pasado casi desapercibido: los poderes judiciales de los estados. Destacan que esta reforma implica otra reforma en sí misma, con implicaciones profundas para la justicia a nivel estatal.
Capítulo 12: Jueces sin rostro.
Rodrigo Brito Melgarejo reflexiona sobre las implicaciones de la reforma para los jueces y la impartición de justicia.
Capítulo 13: Más allá de la elección judicial: el nuevo Estado mexicano.
Daniel Quintanilla ofrece una visión más amplia sobre el significado de la reforma judicial en el contexto del nuevo Estado mexicano.
“La Tormenta Judicial” es una obra esencial para comprender los alcances y las profundas implicaciones de la reforma judicial de 2024 en nuestro país. Los análisis presentados en este libro advierten sobre los riesgos que la reforma plantea para la independencia judicial, la protección de los derechos y el sistema de justicia en su conjunto.
En la próxima entrada, compartiré mis reflexiones en torno al prólogo del libro, bajo la singular pluma del gran Roberto Gargarella. Estén pendientes.
El 28 de abril de 2025, la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana, CAAAREM, con motivo de su consejo nacional reunido en Querétaro, me invitaron a platicar sobre la llamada “reforma judicial” en lo que respecta al Poder Judicial de la Federación, y expuse lo siguiente:
Comenté que el próximo 1 de junio de 2025, México vivirá un proceso sin precedentes: la ciudadanía elegirá por voto popular a ministros, jueces y magistrados federales. Esta transformación, derivada de la reforma constitucional publicada el 15 de septiembre de 2024, constituye un lamentable cambio en la forma de designación de juzgadores, aunado a que su implementación acelerada ha generado importantes cuestionamientos desde el ámbito jurídico, social y académico.
La reforma eliminó el sistema de designación basado en mérito profesional y concursos de oposición (para magistrados y jueces). En su lugar, se instauró la elección directa por parte de la ciudadanía. Entre los cambios más significativos destacan:
Reducción de once a nueve ministros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que sesionará exclusivamente en pleno.
Creación de un Tribunal de Disciplina elegido por voto popular.
Sustitución de los Consejos de la Judicatura por un nuevo Órgano de Administración.
Delegación al Instituto Nacional Electoral (INE) de la organización y reglamentación del proceso.
El proceso contempla la elección de 881 cargos judiciales a nivel federal, incluyendo ministros de la SCJN, magistrados electorales, magistrados del nuevo tribunal de disciplina, jueces de distrito y magistrados de circuito. Compiten 3422 candidatos, lo que implica un promedio de casi cuatro aspirantes por puesto.
Cada elector recibirá seis boletas, correspondientes a los distintos cargos en contienda. La complejidad de esta votación multinivel —nacional, regional, por circuito y por distrito— plantea un desafío logístico sin antecedentes, porque además, habrá espacios para elegir el número de mujeres y de hombres que corresponda por cada cargo, por ejemplo, para ministro de la Corte, se deberá anotar el número correspondiente a 5 mujeres y 4 hombres; complejidad que se incrementa en jueces de distrito y magistrados de circuito, porque además de elegir hombre o mujer, se deberá elegir por materia (civil, penal, administrativa, laboral, etcétera).
Puse como ejemplo la cantidad de cargos y candidatos que elegiremos en el estado de Querétaro, tomando en cuenta que solo tendremos elección federal. Cada estado será diferente, dependiendo también de si hay elecciones de juzgadores locales.
En el estado de Querétaro se elegirán 35 cargos judiciales entre 191 candidatos. La ciudadanía deberá conocer perfiles altamente especializados, sin contar con campañas públicas ni mecanismos de difusión amplios que faciliten un voto informado.
La reforma pretende un intento por democratizar el sistema judicial, entendiendo por tal, que el “pueblo” designe a sus jueces, lo cual es un error, pero además, presenta varios puntos críticos:
Debilitamiento de la independencia judicial al someter a jueces y magistrados a una lógica electoral.
Falta de mecanismos reales de acceso a la justicia, especialmente para grupos en situación de vulnerabilidad.
Supresión de la carrera judicial, lo que desincentiva la formación técnica y profesional en el ámbito jurisdiccional.
Evaluaciones subjetivas y sorteo (“tómbola”) como método de selección preliminar, lo que compromete la legitimidad del proceso.
El experimento democrático que representa esta elección judicial no servirá para redefinir la relación entre el Poder Judicial y la ciudadanía. Hay otros mecanismos para ello sin comprometer la independencia e imparcialidad de los jueces; su apresurada implementación, la ausencia de reglas claras y la sobrecarga informativa para el electorado generan dudas fundadas sobre su eficacia, equidad y legitimidad. Frente a este escenario, es indispensable promover una reflexión profunda sobre los riesgos de politización de la justicia y la necesidad de fortalecer, no debilitar, su independencia.
Les dejo aquí la presentación completa de la charla donde podrán ver el número de candidatos por cada cargo (dar click sobre cada diapositiva).
Introducción
El debate contemporáneo sobre el significado legal de “sexo” y “género” ha alcanzado nuevos niveles de complejidad, especialmente en contextos donde confluyen derechos individuales y políticas públicas de acción afirmativa.
En una decisión de gran trascendencia, la Corte Suprema del Reino Unido, mediante sentencia unánime dictada el 16 de abril de 2025, resolvió el caso For Women Scotland Ltd v The Scottish Ministers, donde abordó el alcance del término “mujer” en la Equality Act 2010. El fallo reafirma que la categoría jurídica de “sexo” en dicha legislación debe entenderse en función del sexo biológico, y no del sexo adquirido a través de un certificado de reconocimiento de género (Gender Recognition Certificate, GRC).
Me parece importante escribir al respecto, dadas las reacciones que dicha sentencia ha generado, muchas de ellas, desconociendo por qué llega el caso a la Corte Suprema y algo de suyo trascendente, que dicha resolución no implica que no se reconozcan derechos de las personas trans.
En esta entrada, expongo los antecedentes del caso, el problema jurídico a dirimir y la forma en que la Corte Suprema de UK resolvió el caso. Al final, comparto la liga para la consulta de la sentencia.
Antecedentes del caso
La controversia jurídica surgió a partir de la Ley de Representación de Género en Juntas Públicas de Escocia de 2018, que establecía como objetivo que al menos el 50% de los puestos no ejecutivos en juntas públicas fueran ocupados por mujeres, lo cual forma parte del reconocimiento en el derecho de las mujeres y que a partir de la legislación, pueda lograrse una paridad.
Pero esta ley incluía dentro del concepto de “mujer” a personas transgénero que hubieran obtenido un Gender Recognition Certificate (GRC), reconociendo su género como femenino.
Ante ello, la organización feminista For Women Scotland Ltd, impugnó la legalidad de esta definición, al considerar que contravenía lo dispuesto en la Equality Act 2010 (Ley de Igualdad 2010) y excedía las competencias del Parlamento Escocés, además de que minaba derechos de las mujeres.
Cuestión jurídica principal
La Corte debía determinar si, en el contexto de la Equality Act 2010, el término “mujer” incluye a las mujeres trans con GRC o si está reservado exclusivamente a personas de sexo femenino biológico. Esta interpretación es crucial, ya que afecta la aplicación de políticas públicas, cuotas de género, y el acceso a espacios diferenciados por sexo, tales como instalaciones sanitarias, servicios de apoyo o instituciones educativas.
Consideraciones de la Corte
El alto tribunal sostuvo que:
Razones principales:
Coherencia normativa: La interpretación conforme al sexo biológico mantiene la coherencia y previsibilidad del marco legal. Ampliar el término a mujeres trans con GRC generaría conflictos con disposiciones específicas de la Ley de Igualdad que protegen espacios segregados por sexo (como baños, deportes, prisiones, alojamiento comunal, etc.)
Doble protección: Las personas trans están protegidas contra la discriminación bajo la categoría legal de “reasignación de género”, por lo que no es necesario redefinir el término “sexo” para brindarles protección.
Interpretación jurídica, no política: La Corte enfatizó que su papel no es resolver debates sociales sobre género, sino interpretar los términos legislativos de manera clara, predecible y jurídicamente coherente.
Decisión y efectos
La Corte concluyó que para fines de la Ley de Igualdad de 2010, los términos “hombre”, “mujer” y “sexo” deben interpretarse conforme al sexo biológico, no al sexo adquirido mediante un GRC. Y que una mujer trans con GRC no puede ser equiparada legalmente, a todos los efectos, a una mujer biológica en el contexto de la Equality Act 2010.
Esta interpretación no niega derechos a las personas trans, quienes continúan protegidas bajo la categoría de “reasignación de género”, pero sí establece límites precisos a su inclusión en políticas y espacios definidos exclusivamente por sexo biológico.
Es importante destacar que la sentencia no elimina las protecciones legales existentes para las personas trans bajo la Equality Act 2010, particularmente en lo que respecta a la característica protegida de “reasignación de género”. La Corte enfatizó que su fallo no debe considerarse como una victoria de un grupo sobre otro, sino como una clarificación legal necesaria. Además, la decisión no afecta la validez del proceso de obtención de un GRC ni modifica los derechos adquiridos en otras áreas, como el matrimonio o las pensiones.
La sentencia ha generado un debate significativo en el Reino Unido. Organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres celebraron la decisión como un reconocimiento de las realidades biológicas y una protección de los espacios exclusivos para mujeres.
Por otro lado, grupos de defensa de los derechos trans y organismos como Amnistía Internacional expresaron su preocupación, considerando que la decisión podría socavar los derechos y el reconocimiento legal de las personas trans.
Reflexión final
Esta resolución establece un precedente importante en la interpretación legal del sexo y el género en el Reino Unido, con posibles implicaciones para futuras legislaciones y políticas públicas relacionadas con la igualdad y la no discriminación. Marca un punto de inflexión en la interpretación jurídica de la diferencia entre sexo y género. Aunque limitada al contexto británico, su razonamiento ofrece valiosos elementos para el análisis comparado, especialmente en jurisdicciones donde los derechos de las mujeres y las personas trans confluyen en el diseño de políticas públicas sensibles a la identidad y la biología.
Consulta aquí la sentencia completa.
Recientemente tuve la oportunidad de ver la serie Il Gattopardo (Netflix, 2025), y recordé la clásica frase que se usa en política sobre el gatopardismo: “Cambiar todo para que nada cambie”, que la relacioné con la llamada reforma judicial y he aquí mi reflexión al respecto:
En México, el discurso de la transformación ha alcanzado todos los niveles del Estado, y el Poder Judicial no ha quedado fuera. La propuesta de elección popular de jueces, magistrados y ministros ha sido presentada como una medida radical destinada a democratizar el sistema de justicia y romper con privilegios históricos. Pero cabe preguntarse: ¿estamos realmente ante una transformación estructural o solo frente a un caso más de gatopardismo?
El término gatopardismo, tomado de la novela El Gatopardo de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, alude a esos cambios que modifican las formas pero no el fondo, cuya finalidad última es mantener el statu quo. Como lo describe Norberto Bobbio, “el mayor obstáculo para la democracia no es la ausencia de reformas, sino su uso como simulacro de cambio” (Teoría general de la política, 2009).
La elección de jueces por voto popular ha sido presentada como una vía para “devolver el poder al pueblo”, en un momento de creciente desconfianza hacia el Poder Judicial. En apariencia, se trata de un avance democrático. Sin embargo, este tipo de propuestas plantean más preguntas que respuestas cuando se analiza su viabilidad, sus consecuencias institucionales y su impacto real en la calidad de la justicia.
El jurista argentino Roberto Gargarella advierte que una de las trampas más comunes en América Latina es la sustitución del contenido democrático por su forma externa: “se apela a instrumentos de participación que, en ausencia de estructuras sólidas de deliberación y transparencia, pueden usarse para legitimar decisiones autoritarias” (La sala de máquinas de la Constitución, 2014).
Este cambio no se acompaña de reformas para el fortalecimiento de la carrera judicial, la formación ética y técnica de los jueces, la autonomía presupuestal de los poderes judiciales, y sobre todo, carece de mecanismos que permitan un real acceso a la justicia, así como una impartición de justicia con calidad; así, este anunciado cambio será meramente cosmético (cambiar la apariencia sin afectar la estructura).
Una reforma judicial auténtica debe aspirar a fortalecer la legitimidad democrática del Poder Judicial, entendida no solo como la expresión de la voluntad popular, sino como la confianza pública basada en la independencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas. Como sostiene Luigi Ferrajoli, “la legitimidad del juez no se funda en el sufragio, sino en el derecho. No es el consenso popular lo que legitima sus decisiones, sino su sujeción estricta a la legalidad y a la razón jurídica” (Derecho y razón, 1995).
Elegir a los jueces por voto popular puede sonar democrático, pero ¿qué ocurre si detrás de las candidaturas hay estructuras partidistas, clientelares o corporativas? ¿Qué pasa si el acceso a los cargos judiciales se convierte en una contienda electoral financiada por intereses privados? Las restricciones que el INE ha impuesto, no garantizan que nada de esto suceda.
El sistema de justicia en México necesita transformarse, pero no a costa de su independencia, ni mediante reformas que en el fondo buscan control político disfrazado de apertura democrática. La transformación judicial no puede ser una simulación. Requiere diagnóstico, planeación, evaluación y compromiso institucional real.
Como señala Héctor Fix-Fierro, “las reformas judiciales en México muchas veces se conciben como episodios aislados, desconectados de una política de justicia integral, y su impacto es limitado cuando no van acompañadas de transformaciones culturales e institucionales profundas” (La reforma judicial en México: 1995-2010, UNAM, 2011).
La historia nos ha enseñado que las grandes reformas que no tocan las raíces del problema, acaban siendo gatopardismo institucional: se cambian las reglas, los procedimientos, los rostros, pero no se toca el verdadero poder, ni se garantiza una mejor justicia para la ciudadanía.
Hoy, más que nunca, debemos exigir una reforma judicial profunda, integral y con visión de Estado. Una transformación que no solo cambie todo para que nada cambie.