El 9 de septiembre de 2025, los periodistas Aurelio Peña, Adán Olvera y Mario León Leyva, me invitaron a su podcast “Blanco y Negro”, de Expreso Querétaro.
Charlamos sobre diversos temas entorno a la mal llamada reforma judicial y sus riesgos:
¿Qué pasaría si jueces sin carrera judicial llegan a los tribunales?
¿Se trata de una verdadera solución o una falacia que pondría en riesgo la independencia judicial?
Pueden ver la entrevista completa aquí en su canal de YouTube.
El 27 y 28 de agosto de 2025, se llevó a cabo la Conferencia Internacional de Justicia Abierta, en Santo Domingo, República Dominicana, organizada por la Red Internacional de Justicia Abierta (RIJA), Open Government Partnership (OGP) y la Suprema Corte de Justicia de República Dominicana.
Fui invitada para participar en el panel “Observatorios como puente entre la ciudadanía y las instituciones de justicia”, donde compartí mesa con representantes de organizaciones civiles como México Evalúa y Programa Estado de la Nación–CONARE de Colombia; así como con una representante del poder judicial de Dominicana.
La invitación que recibí de OGP y RIJA, fue derivado de las acciones que realicé durante mi presidencia al frente del Poder Judicial del Estado de Querétaro, donde impulsé una agenda de justicia abierta y logré la creación del Observatorio Ciudadano del Poder Judicial del Estado de Querétaro, que contó con gran reconocimiento porque no se trató solo de una política del presidente en turno, sino que lo lleve como propuesta normativa y la LX Legislatura del Estado de Querétaro la aprobó en la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial que no rige.
En mi participación, dije que los observatorios contribuyen significativamente al fortalecimiento de la justicia abierta al servir como un puente crucial entre la ciudadanía y las instituciones judiciales. Su función principal es la de recopilar, analizar y difundir datos sobre el desempeño del sistema de justicia, lo que promueve la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Esta dinámica de doble vía permite que la sociedad civil supervise las acciones del Poder Judicial y que este, a su vez, reciba retroalimentación valiosa para mejorar sus procesos y políticas.
Mecanismos de Contribución de los Observatorios.
Los observatorios fortalecen la justicia abierta a través de varios mecanismos clave:
Los observatorios sistematizan y publican información relevante sobre la administración de justicia que, de otro modo, podría ser difícil de acceder. Esto incluye estadísticas sobre la duración de los casos, la resolución de sentencias, los tipos de delitos más comunes y el manejo de los recursos judiciales. Al hacer estos datos públicos, se elimina la opacidad, permitiendo a los ciudadanos entender mejor cómo funciona el sistema y exigiendo mayor responsabilidad a los jueces y funcionarios.
Al ser entidades independientes, los observatorios pueden realizar análisis críticos y objetivos sobre el desempeño judicial. Sus informes y estudios pueden evidenciar áreas de mejora, como la existencia de rezagos procesales o la disparidad en las sentencias, lo que presiona a las instituciones judiciales a actuar y corregir deficiencias. Esta supervisión externa es fundamental para asegurar que el Poder Judicial cumpla con sus funciones de manera eficiente y equitativa.
Los observatorios no solo informan a la ciudadanía, sino que también la involucran activamente en el diseño y evaluación de las políticas judiciales. A través de consultas públicas, foros y mesas de trabajo, los ciudadanos pueden expresar sus preocupaciones, proponer soluciones y co-crear estrategias que reflejen sus necesidades. Este enfoque colaborativo fortalece la confianza pública en el sistema de justicia y lo hace más legítimo y accesible para todos.
El Papel del Poder Judicial.
Desde la perspectiva de los poderes judiciales, la creación y el apoyo a los observatorios ciudadanos no es una simple concesión, sino una decisión estratégica para su propio fortalecimiento. Al colaborar con estas entidades, el Poder Judicial demuestra un compromiso genuino con la transparencia y la apertura. Los observatorios actúan como un espejo de la sociedad, reflejando la percepción pública sobre el sistema de justicia y proporcionando datos para una mejor toma de decisiones.
Un Poder Judicial que promueve la justicia abierta a través de los observatorios se convierte en una institución más robusta y resiliente. No solo mejora su imagen pública, sino que también optimiza sus procesos internos al recibir retroalimentación constante sobre su desempeño. En última instancia, esta colaboración es vital para construir un sistema de justicia que sea verdaderamente justo, accesible y confiable para todos los ciudadanos.
Finalmente, mencioné las funciones con las que nació nuestro Observatorio Ciudadano y que son: a) Observar los procesos de selección por concursos de oposición para el cargo de juez, a efecto de que la ciudadanía confíe en los juzgadores al advertir directamente el riguroso método de selección; y b) observar los procesos de ejecución de gasto público, para que la ciudadanía conozca el presupuesto que se asigna, cómo se distribuye entre las necesidades del poder judicial y el poco margen que queda para implementar proyectos que abonen a una justicia con mayor celeridad procesal.
Aquí pueden ver el video de la primera parte de mi intervención en el panel y en este otro, una intervención final ante la pregunta que me hicieron sobre cómo acercarnos a la ciudadanía.
En el cierre de la Conferencia, firmamos la Declaración de Santo Domingo, a través de la cual, nos comprometemos con los principios de la justicia abierta. Un orgullo el haber sido invitada a suscribirla como única juzgadora mexicana, aquí pueden ver el enlace al respecto.
En la fotografía de esta publicación, aparezco con la juez polaca Dorota Zabludowska, con quien coincidí en la CIJA; ella es una digna representante de la lucha que lideró contra el gobierno de su país, ante los embates y amenazas hacia su poder judicial, de los cuales, los jueces salieron victoriosos porque la sociedad los apoyó, lo que no ocurrió en México.
El pasado 25 de agosto de 2025, tuvo lugar el homenaje que organicé en honor de la señora ministra Ana Margarita Ríos Farjat, a pocos días de dejar el cargo por disposición constitucional y porque ella, decidió declinar y no contender por voto popular para permanecer como ministra.
Con un lleno total, el Teatro Experimental fue el escenario donde se congregaron, funcionarios públicos, magistrados, diputados, asociaciones de abogados, empresarios, directores de escuelas de derecho y estudiantes.
Mi intención de organizar este evento, es porque Ana Margarita es ejemplo de muchas cosas: es externa, es decir, no es de carrera judicial, con lo cual no estamos peleados, pues así lo disponía la Constitución; lo importante era elegir perfiles con experiencia probada en el área jurídica y la abogada cubría muy bien ese perfil. En segundo lugar, fue propuesta por el entonces presidente de la República, lo cual tampoco nada tiene de erróneo, porque así lo disponía la Constitución. Los ministros eran elegidos por el Senado como representantes de los estados federados, a propuesta del titular del ejecutivo federal. Y en tercer lugar, a pesar de ello, la ministra se mantuvo en su independencia judicial, que es justo lo que necesitamos: buenos perfiles que honren la impartición de justicia, el estado de derecho y la república.
Nos acompañó el gobernador del Estado quien dirigió un mensaje de bienvenida.
El homenaje estuvo dividido en tres bloques:
En el primero, hablaron el esposo y amigos de la ministra, para acercarnos a ella y conocerla un poco más como persona.
En el segundo bloque, participaron personas que han trabajado con la ministra y nos hablaron de su forma de trabajar, de sus criterios jurídicos y de su gran legado, tanto en su paso por el SAT como en la Corte, con innovaciones en inteligencia artificial, porque su objetivo era que sus sentencias fueran entendidas por los ciudadanos y Josefa, herramienta de IA creada por su ponencia, se encargaba de ello.
En el tercer bloque, habló la señora ministra, y conocimos más del ser humano, de la abogada, la jurista, la servidora pública, la juzgadora…
Quedó claro lo lamentable de que una persona con ese talento y aportaciones a la judicatura, tuviera que retirarse por un capricho del ideador de la “reforma”, y la gran pérdida que eso significa para la justicia constitucional.
Finalmente, di un corto mensaje que aquí transmito fielmente:
“Honorable público, estimadas y estimados colegas,
En un momento de profunda trascendencia para el futuro de nuestra nación y de su sistema de justicia, la figura de la ministra Ana Margarita Ríos Farjat se erige no solo como un referente de excelencia profesional, sino como un faro de dignidad e independencia. La justicia no se honra con discursos, sino con jueces que la encarnan. Como hemos visto, la ministra Ríos Farjat es ejemplo de esa grandeza.
Su trayectoria es testimonio de que la justicia solo se engrandece cuando los jueces saben mirar a la Nación de frente, con sensibilidad humana y firmeza constitucional. Su trayectoria nos recuerda que la justicia es servicio a la Nación y compromiso con la dignidad humana. Ese es el legado que hoy celebramos.
Su decisión de no contender en una elección popular para permanecer en el cargo de ministra, es un acto de coherencia inquebrantable; su desinterés por la pensión a la que tiene derecho, subraya su compromiso con la causa.
El mensaje es claro y contundente: la verdadera independencia judicial no se decreta ni se negocia: se ejerce con integridad, valentía y compromiso con los derechos humanos. En medio de la reforma judicial, recordemos que la independencia se sostiene en la integridad de personas como la ministra Ríos Farjat.
Hoy, más que rendir homenaje a su persona señora ministra, celebramos lo que representa: una judicatura digna, cercana a la sociedad y comprometida con el Estado de Derecho. Esa es la brújula que debe guiarnos en este proceso de transformación.
La ministra Ana Margarita Ríos Farjat nos deja un legado de integridad y convicción que, sin duda, inspirará a las futuras generaciones de juristas.
Su postura es un llamado a la acción para todos aquellos que creemos en un México republicano, justo y democrático.
Muchas gracias Señora Ministra”
El mismo mensaje lo pueden ver en este video del día del evento.
El periodista Aurelio Peña me realizó una entrevista el 20 de agosto de 2025, en su programa de noticias Radar News.
El tema central de la entrevista fue sobre qué esperar en Querétaro con la reforma judicial.
Mencioné que tendríamos un impacto desde el 1 de septiembre de 2025, a pesar de que en lo local, no se ha aplicado la reforma, porque tendríamos 8 nuevos jueces de distrito y 8 nuevos magistrados de circuito del Poder Judicial de la Federación, y tendríamos qué esperar a saber bajo qué criterios resolverían los amparos indirectos y directos.
En cuanto a la reforma en lo local, hice referencia a que, si bien, Querétaro no fue a la elección popular del 1 de junio de 2025, ello no es contrario a la constitución, porque el artículo octavo transitorio del decreto de reforma constitucional publicado el 15 de septiembre de 2024, da la opción a las legislaturas de los estados para hacer la renovación de magistrados y jueces, en la elección extraordinaria del 2025 o en la ordinaria del 2027 y que ante tal opción, mi punto de vista es que fue correcto, sano y adecuado que Querétaro no fuera a dicha elección, para aprender de las experiencias –muy malas por cierto– que dejó la del 1 de junio pasado, y evitar incurrir en esos errores.
Le comenté a Aurelio Peña que la reforma constitucional no da el mismo trato al Poder Judicial de la Federación que a los poderes judiciales locales y que el legislador queretano, comprometido siempre con el fortalecimiento de las instituciones en Querétaro, tenía la labor de generar una reforma que respete la norma constitucional y distinguir adecuadamente qué no aplica al poder judicial local.
Por último me preguntó el entrevistador si la elección por voto popular debilita la democracia y contesté en sentido afirmativo. Agregué que debemos verlo como un debilitamiento no solo de la democracia, sino de la república. Nuestro régimen constitucional señala que estamos conformados en una república democrática, y que esto significa el respeto por la división de poderes como resultado del estado liberal y del estado de derecho propio del pensamiento ilustrado.
Si una constitución no da garantías adecuadas de esa división de funciones en el Estado, no se puede hablar de república, porque el poder judicial es el contrapeso de los otros dos poderes (refiriéndome a los tribunales constitucionales), dado que el poder judicial determina cuándo existió exceso en el poder ejecutivo frente a un ciudadano y también, anula leyes que emite el legislativo cuando éstas no respetan derechos fundamentales.
En cuanto a la democracia, debe ser vista no solo como un esquema donde los ciudadanos eligen a sus gobernantes –y ahora también a los jueces–, sino también, como una forma de gobierno en el que la regla de la mayoría es muy importante.
Para que una democracia funcione adecuadamente, necesita tres ingredientes: a) regla de las mayorías; b) voto universal; c) respeto a derechos. En cuanto a la primera regla, no se cumple, porque es insostenible hablar de “legitimidad democrática” cuando solo el 9% del padrón electoral votó, aun y con los acordeones, que sí intervinieron gobernantes y partidos políticos para movilizar a las personas a efecto de que fueran a votar el 1 de junio, a pesar de estar prohibido, lo que implica que si hubieran sido respetuosos de la norma constitucional, ni siquiera el 9% hubiese acudido a las urnas.
Y la tercera regla tampoco se da; es el ámbito de lo indecidible –como dice Ferrajoli–, es decir, el legislador no puede crear normas que se aparten de valores y principios constitucionales, uno de ellos, la república. Elegir por voto a los juzgadores, es atentar contra la república.
Estemos atentos al funcionamiento del nuevo poder judicial, porque es una falacia decir que por haber sido elegidos por voto popular, ya están legitimados y que con ello, la impartición de justicia va a mejorar. Esto no es así.
La periodista Ma. del Carmen Cervantes, me realizó una extraordinaria entrevista el 20 de agosto de 2025, en su programa de noticias que se transmite por el 101.1 FM Stereo Cristal.
Ante lo próximo de inicio de funciones del “nuevo” Poder Judicial de la Federación, el tema toral fue qué esperar para el 1 de septiembre de 2025, después de la toma de protesta de ministros, magistrados y jueces.
Advertí que el “cambio” generaría repercusiones en los ámbitos administrativo, jurisdiccional y principalmente, una parálisis o mayor lentitud en la impartición de justicia en perjuicio de las personas.
En cuanto al ámbito administrativo, la parálisis se advertía desde ya, porque no se realizó una adecuada implementación de la mal llamada “reforma judicial”. A pesar de que los artículos transitorios del decreto de reforma publicado el 15 de septiembre de 2024, en el Diario Oficial de la Federación, señalaba que el entonces Consejo de la Judicatura Federal tenía que acordar la forma de transmitir los recursos financieros, administrativos y humanos a los nuevos órganos, Tribunal de Disciplina y Órgano de Administración Judicial, ello no fue posible dado que no existían, sino que existieron hasta el 1 de septiembre a partir de la toma de protesta, pues recordemos que incluso, no se permitió a la SCJN designar a las 3 personas que debían integrar el órgano de administración (OAJ).
Por ende, el 1 de septiembre, ya teniendo juzgadores electos por decisión del Instituto Nacional Electoral y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (en el caso de las impugnaciones), y también, habiéndose registrado para contender por un determinado órgano jurisdiccional, a pesar de todo ello, el 1 de septiembre no existirían titulares en la mitad de órganos que fueron a elección popular (881 para ser exactos), eso significa que no se podrían emitir resoluciones, en perjuicio del justiciable. Advertí que no sabía de cuánto tiempo sería esa parálisis y que cada día, se deben tomar decisiones administrativas en los poderes judiciales, pero si no había órgano de administración, entonces dichas decisiones se paralizarían también.
El aspecto jurisdiccional deriva de lo anterior, porque al no tener jueces y magistrados, las resoluciones no se podrían emitir, pero además, que tendríamos qué esperar a ver el impacto jurisdiccional para saber cómo van a resolver esos nuevos jueces, muchos de ellos improvisados y sin experiencia judicial, así como también, qué criterios nos estarían llegando a los tribunales ordinarios en la resolución de amparos indirectos y directos, aunado a que tendríamos que ver, qué nuevos criterios jurisprudenciales la “nueva” Corte dejaría de aplicar y generar los “nuevos” criterios. Todo lo cual impacta en la impartición de justicia.
Y todo lo anterior, en perjuicio de los ciudadanos, al convertir a la justicia en más lenta de lo común, solo por una mala reforma y una inadecuada implementación.
Si la reforma hubiese puesto en el centro de atención a las personas, otra situación estaríamos viviendo.
Los invito a ver un extracto de la entrevista aquí en este video.
El 13 de agosto de 2025, fui comentarista en la presentación del libro “Las que fuimos, las que somos”, de la autoría de María Elisa Rentería Moreno y compartí panel con María Mercedes López, también comentarista de la obra.
El evento se llevó a cabo en el auditorio del CEART, sede la Secretaría de Cultura del Estado.
Es el primer libro que escribe María Elisa; una vez que se retiró de la judicatura, se dedicó a estudiar, y tiene maestría, en soluciones sistémicas sociales y es experta en constelaciones familiares; de su experiencia como juzgadora en materia familiar, observó las conductas y problemáticas de las personas que enfrentan problemas en lo más querido que es la familia y de ahí surgió su interés por estas áreas, como una forma de ayudar a las personas a encontrar las razones de su conflictiva y puedan llegar a soluciones adecuadas.
En la presentación, contamos con el mensaje grabado de Edmée Pardo, quien es una de las narradoras y ensayistas más reconocidas de México. Resaltó el valor de la amistad, que es el tema central del libro.
El evento no consistió en la clásica presentación de un libro en la que los invitados comentan la obra y al final, la autora agradece y habla de las motivaciones para escribir la historia. Fue más bien un encuentro con todos los asistentes y como dijimos, abrir una puerta al alma de una mujer que ha recorrido un camino de fuerza, de lucha y de verdad.
Dividimos el evento en tres bloques: en el primero, conocimos a la autora, su trayectoria y sus motivaciones para escribir. En el segundo, hablamos del libro en sí, que refleja la vida cotidiana de cuatro mujeres amigas desde la adolescencia, que dejen de verse porque cada una sigue su propio camino, pero que llega el momento de un reencuentro, en el que cada una se cuida de no ser descubierta en su realidad y en las tristezas que enfrenta, hasta regresar al punto de “las que son y siempre han sido”.
Y en el tercer bloque, la autora compartió reflexiones que conectan con el alma. Finalmente cerramos con una actividad grupal.
Fue un gran encuentro y una reflexión profunda sobre las problemáticas que enfrentamos todas las personas y que, muchas de ellas, nos llevan, desafortunadamente, a enfrentar esos conflictos en los tribunales.
Ojalá tengan la oportunidad de leer la magnífica historia que nos presenta “Las que fuimos, las que somos” y los invito a ver el video del evento haciendo click aquí.
Este 4 de agosto de 2025, en el Club de Industriales de la Ciudad de México, se llevó a cabo una reunión convocada por la organización de la sociedad civil México Evalúa, con el objetivo de conformar la Red por la Independencia Judicial. Este espacio inédito busca articular, desde una perspectiva plural, las implicaciones de la Reforma Judicial en curso, y definir estrategias comunes desde las distintas trincheras del quehacer jurídico y social.
A este esfuerzo se sumaron alrededor de treinta personas provenientes de sectores diversos: academia, sociedad civil organizada, Poder Judicial, asociaciones de la abogacía, sector empresarial y medios de comunicación, así como representantes de organismos internacionales. La pluralidad del encuentro fue, sin duda, una muestra de la relevancia del tema en la agenda pública nacional.
La Red se plantea como un espacio permanente de diálogo, colaboración y generación de propuestas para la defensa de la independencia judicial, entendida no solo como garantía institucional del Poder Judicial, sino como prerrequisito de una justicia efectiva y del Estado de Derecho. Se compartieron diagnósticos, preocupaciones comunes y, sobre todo, una convicción: sin independencia judicial, no hay justicia ni democracia sustantiva.
Desde el ámbito local, fue un honor participar como única juzgadora local invitada a integrar esta Red. Este hecho no solo representa una distinción personal, sino también el reconocimiento de la relevancia que tienen los poderes judiciales estatales en la arquitectura judicial del país. La justicia local es, en muchos sentidos, la primera y más cercana para la ciudadanía; fortalecer su independencia es, por tanto, una tarea impostergable.
La Red por la Independencia Judicial inicia su camino con una misión clara: construir un frente común, informado y articulado, que incida en el debate público y en las decisiones institucionales relacionadas con la Reforma Judicial. La pluralidad, la evidencia y el compromiso con el interés público serán sus principales activos.
En tiempos de transformaciones profundas, defender la independencia judicial no es un acto corporativo, sino una exigencia democrática.
El pasado jueves 3 de julio de 2025, fui invitada por el Presidente de la Barra Mexicana de Abogados Capítulo Querétaro, Licenciado Mauricio Sinecio, a la presentación del libro “El Delito de Despojo”, fungiendo como comentarista en conjunto con el abogado Roberto Romero Bravo.
Fue un verdadero honor acompañar la presentación de esta obra jurídica que, con el sello editorial de Porrúa y la autoría del destacado abogado Víctor Oléa Peláez, se incorpora al debate nacional sobre uno de los delitos patrimoniales más complejos y sensibles en la práctica jurídica: el despojo. Desde el inicio te atrapa la lectura, tan solo porque Jesús Zamora Pierce prologa la obra.
El Mtro. Oléa no sólo nos ofrece un estudio técnico de gran rigor, sino que articula una reflexión crítica sobre la aplicación práctica del tipo penal de despojo, sus elementos normativos y los desafíos probatorios que enfrentan tanto la víctima como las autoridades ministeriales y judiciales.
Esta obra compuesta de 5 capítulos y casi 300 páginas, llega en un momento oportuno, cuando el acceso a la justicia en materia patrimonial requiere respuestas más eficaces frente a los agravios que sufren personas y comunidades, muchas veces en condiciones de vulnerabilidad. Representa una contribución valiosa y oportuna al estudio del derecho penal patrimonial en México. En tiempos en los que la violencia estructural, los conflictos por la tierra y el acceso desigual a la justicia se manifiestan con particular crudeza, resulta indispensable revisar con lupa los instrumentos jurídicos que nos permiten proteger eficazmente los bienes jurídicos fundamentales, entre ellos la posesión.
Hice ver cómo el delito de despojo va en aumento, haciendo la comparativa de los casos judicializados en 2024, en comparación con los recibidos este año hasta el 30 de junio. El incremento es de más del veinte por ciento.
El despojo —tipificado en el artículo 199 del Código Penal local– es un delito que se sitúa en la frontera entre lo civil y lo penal, lo que ha generado históricamente dificultades interpretativas y una práctica procesal llena de tensiones. El texto del Mtro. Oléa, fruto de su experiencia forense y su rigor académico, los aborda con solvencia. Incluso desde el prólogo, lo relativo a la forma de consumación: instantánea o permanente.
Uno de los grandes aciertos de esta obra es que no se limita a la dogmática penal clásica, sino que incorpora reflexiones desde la jurisprudencia reciente, los criterios de política criminal y el contexto social en el que se cometen estos ilícitos. Como bien señala el autor, detrás de cada caso de despojo hay, con frecuencia, una historia de desigualdad, abuso de poder o vacíos institucionales que requieren atención multidisciplinaria y una actuación judicial sensible.
Desde una perspectiva judicial, resulta particularmente relevante que este estudio ilumine los desafíos que enfrentamos los juzgadores al momento de resolver controversias en las que se entrecruzan el derecho de posesión, la tutela penal mínima y el debido proceso. Se trata, sin duda, de una obra que enriquece nuestra labor jurisdiccional y nos invita a ponderar, con mayor precisión, los límites de la intervención penal en conflictos de posesión.
Celebro la publicación de este libro y reconozco al Mtro. Víctor Oléa por su compromiso con el fortalecimiento del pensamiento jurídico nacional. Obras como esta son indispensables no sólo para quienes litigamos o juzgamos, sino también para quienes enseñamos Derecho y aspiramos a formar generaciones críticas, técnicamente sólidas y socialmente responsables.
Agradezco profundamente al autor por su generosidad académica y por su compromiso con la actualización del pensamiento jurídico penal. Libros como este enriquecen nuestra responsabilidad institucional para juzgar con perspectiva, técnica y equidad.
Mi más sincera felicitación al Mtro. Olea por esta necesaria contribución al Derecho penal mexicano y mi agradecimiento a Mauricio Sinecio por invitarme a comentar la obra.
Recibí la invitación para participar en el World Justice Forum 2025: Standing Up for the Rule of Law, por parte de Alejandro Ponce, Director Ejecutivo de WJP y Alejandro González, Jefe de Incidencia y Vinculación del WJP, evento organizado en coordinación con el Ministerio de Justicia de Polonia y la presidencia de Polonia en el Consejo de la Unión Europea.
El Foro se llevó a cabo del 23 al 26 de junio, en la ciudad de Varsovia, Polonia. Contó con la asistencia de representantes de más de 80 países. Durante toda la jornada, se realizaron 28 mesas de trabajo y 10 sesiones plenarias, en diversos temas relacionados con la defensa del estado de derecho, la democracia, la independencia judicial y la justicia abierta.
Tuve dos participaciones: la primera fue en una reunión sobre “Independencia Judicial”, conformada solo por jueces y magistrados de 22 países, entre ellos, Ucrania, Turquía, Bélgica, Filipinas, India, Estado Unidos de América, Colombia, República Dominicana. De México, fui la única magistrada en la reunión.
Todos sorprendidos por la situación de México. Esta fue mi participación:
Defender la Justicia en Tiempos de Retroceso: Independencia Judicial en Riesgo.
En México, las amenazas a la independencia judicial dejaron de ser riesgos latentes o “de facto” y se convirtieron en realidades institucionalizadas a partir de la reforma Constitucional del 15 de septiembre de 2024, que modificó el sistema de designación, permanencia y disciplina de jueces y magistrados.
La reforma generó que el pasado 1 de junio de 2025, se eligieran 881 cargos jurisdiccionales, entre 3422 candidatos en todo el país. En mi estado, Querétaro, fueron 35 cargos, entre 191 candidatos.
El argumento fue la “democratización” y “legitimación” del poder judicial, pero esto no es así. Fue una penosa y lamentable elección, en la que únicamente votó el 13% del electorado (pero quedó solo en el 9% de votos efectivos), orquestada con “acordeones” (o con instrucciones) que repartieron a las personas y que tenía el nombre de candidatos por quien votar.
¿Qué significa? Sin más, la captura total del poder judicial en México, porque están en los cargos quienes el partido en el poder quiere y no así quienes cumplen con méritos en términos de experiencia, herramientas y conocimiento, y además por:
La independencia judicial no es solo una garantía para los jueces: es una condición de posibilidad para los derechos de todas las personas. Si el juez teme, la ciudadanía pierde. Por ello, la defensa de la independencia judicial no puede quedarse en el discurso: exige acción coordinada, nacional e internacional, antes de que la excepción se vuelva norma.
World Justice Project está lanzando el programa Defender la Justicia (WJP) y me cuestionaron sobre, cómo este proyecto puede apoyar mejor a reformadores y cortes de justicia que enfrentan presiones a nivel nacional, y esta fue mi respuesta:
Un proyecto como Defender la Justicia puede convertirse en una herramienta clave para proteger a los reformadores judiciales si adopta un enfoque integral basado en cinco líneas estratégicas:
Apoyar a quienes defienden la independencia judicial no es solo proteger instituciones: es proteger los derechos de quienes acuden a ellas. Defender la Justicia puede convertirse en ese puente entre lo global y lo local, entre el derecho y la acción.
La independencia judicial no es un privilegio corporativo, sino una garantía estructural de los derechos humanos. En contextos como el mexicano, donde las reformas regresivas ya están en marcha, es indispensable que la comunidad internacional actúe de manera firme y coordinada.
Proyectos como Defender la Justicia deben asumir un papel activo, no solo como observadores, sino como aliados estratégicos. Porque cuando el juez no puede hablar con libertad, es la ciudadanía quien queda en silencio.
Mi segunda participación fue en la mesa de trabajo: “Hacia una coalición multisectorial para mejorar la apertura y la confianza pública en las instituciones de justicia”, organizada por World Justica Project, la Red Internacional por la Justicia Abierta (RIJA) y la Alianza por el Gobierno Abierto (OGP).
Compartí panel con:
Fue un honor compartir este espacio con defensores de la justicia abierta de distintas regiones del mundo. Hablé desde la experiencia concreta que tuve como Presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado de Querétaro, en México, donde impulsé una agenda decidida de apertura institucional.
En cuanto a la pregunta: ¿Qué pueden hacer los actores externos para apoyar a quienes defendemos la justicia abierta dentro del Poder Judicial? Desde mi perspectiva, su apoyo puede ser decisivo si se concreta en cinco líneas de acción:
Realicé una presentación que pueden verificar aquí.
¿Y qué facilita la sostenibilidad de la justicia abierta dentro del Poder Judicial?
Les compartí seis claves basadas en mi experiencia:
La justicia abierta no es un lujo ni una moda. Es una exigencia democrática. Y para sostenerla, necesitamos voluntad política dentro, y acompañamiento comprometido desde fuera.
Fue todo un éxito el World Justice Forum 2025 por el gran poder de convocatoria y los diversos temas tratados, todos de actualidad. Mi reflexión final es que vivimos tiempos complicados para la independencia judicial en diversos países, de distintas intensidades y por diferentes motivos, pero que finalmente, el común denominador es la intención clara de socavar la función de la judicatura, tan necesaria para la democracia y la república, pero que estorba a los gobiernos autoritarios y populistas. El que organizaciones como WJP esté preocupado y ocupado por el tema, es muestra del interés por siempre defender el Estado de Derecho. En esa lucha continuaremos y más, si la sociedad civil organizada apoya a las instituciones de justicia.
También fue significativo para mí, que el Foro se realizara en Varsovia: una ciudad que fue destruída y la humanidad de ahí, aniquilada, pero la gran lección es que se levantaron, se reconstruyeron y hoy, es un gran polo de desarrollo, con una excelente calidad de vida para los polacos. Todo es cíclico, todo cambia y vuelve a su estado natural. Gracias Polonia por las enseñanzas: país ejemplo de resiliencia y reconstrucción institucional.
Agradezco la oportunidad de haber sido parte de tan importante y productivo evento. Gracias a Alejandro Ponce y Alejandro González por la confianza y por invitarme a participar. Mi reconocimiento a Ana María Montoya y Daniela Barba, por la excelente conducción de las mesas en las que participé. Y mi agradecimiento eterno a Ana Cárdenas por su gran apoyo. Todos ellos de WJP.
El pasado 30 de mayo de 2025, en el Distrito Judicial de Querétaro cumplimos nueve años de la implementación de la justicia oral penal, que coincidió con la invitación que me hizo el Colegio de Abogados Penalistas de Querétaro, A.C., a su sesión ordinaria.
Acudimos los magistrados de la Sala Penal y cada quien expuso un respectivo tema de novedad penal.
Por lo que respecta a mí, recordé a los colegas abogados que justo ese día estábamos de aniversario y di un balance de cómo se encuentra la justicia oral en distrito de Querétaro.
Hice énfasis en el sistema de gestión que diseñamos desde el inicio en Cosmos, siempre teniendo como centro de atención a la persona: ya sean víctimas o imputados, que son representadas en un procedimiento penal por los abogados en sus funciones de asesores jurídicos o defensores, respectivamente.
De igual forma, hice un llamado para que todos conservemos el sistema de gestión que tenemos y tratemos de mejorarlo, el cual, a nueve años, no está en crisis y de ello, los principales beneficiados son las partes procesales, para que sus audiencias se programen en los plazos establecidos por ley y respetar el que un procedimiento penal no se alargue de forma injustificada, sino solo por el derecho de representación o defensa de las partes y así cumplir con el derecho a la justicia pronta.