La Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionistas del Estado de Querétaro (FECAPEQ), a través de su presidenta Mtra. Mayela Portos Hernández, organizó un foro que congregó a mujeres servidoras públicas para dialogar sobre los avances y retos en temas de género, con motivo del Día Internacional de la Mujer, contando con la presencia del Gobernador del Estado, Lic. Mauricio Kuri González y de los presidentes de todos los colegios de profesionistas que conforman la FECAPEQ.

En mi intervención me enfoqué en tres aspectos:

1. El lema de ONU Mujeres para el Día Internacional de la Mujer 2026 y la agenda 20-30.
2. La reforma a 17 leyes publicadas el 15 de enero de 2026 en materia de igualdad sustantiva.
3. Acciones que he realizado en beneficio de las mujeres.

Y dije:

Hoy, 8 de marzo de 2026, nos congregamos en una fecha emblemática, el Día Internacional de la Mujer, bajo el lema “Derechos. Justicia y Acción para todas las mujeres y las niñas”, de ONU Mujeres para este año. Esta consigna no es un simple enunciado; es un llamado global que nos convoca a actuar con determinación para derribar las barreras estructurales que impiden el acceso pleno a la justicia y a la igualdad de derechos.

Este día tiene profundas raíces en el reconocimiento de que, aún hoy, ningún país ha cerrado las brechas legales entre hombres y mujeres. Según organismos internacionales, en 2026 las mujeres solo tienen acceso al 64 % de los derechos jurídicos de que disfrutan los hombres, lo que perpetúa la desigualdad y restringe su pleno ejercicio de derechos civiles, económicos y sociales.

Este desafío no es teórico ni distante; es tangible en la vida cotidiana de millones de mujeres y niñas. Requiere de un enfoque integral y sostenido que articule normas jurídicas, políticas públicas eficaces y una cultura de respeto a los derechos humanos.

En este contexto, la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible nos ofrecen un marco normativo y ético indispensable. El Objetivo 5 de la Agenda 2030 promueve la igualdad de género y demanda poner fin a todas las formas de discriminación y violencia contra mujeres y niñas. Asimismo, el Objetivo 16 busca construir sociedades pacíficas e inclusivas, facilitar el acceso a la justicia para toda la población y fortalecer instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todos los niveles.

En el marco de este llamado a la acción por parte de la ONU, destaco lo que considero la reforma más profunda y transversal en materia de género: el pasado 15 de enero de 2026, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la reforma a 17 leyes (que puedes consultar aquí), con un solo y firme propósito: lograr una real igualdad sustantiva de las mujeres. Celebro con ahínco esta gran reforma porque no se enfoca solo en la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, tantas veces reformada, sino a otras legislaciones como la del seguro social, ISSSTE, la federal del trabajo, la de vivienda, educación, salud, derechos de autor, propiedad industrial, etcétera, porque en todas ellas hay incidencia en temas de mujeres, niñas, niños y adolescentes, de tal manera que la aplicación de una de ellas, puede incidir en otra.

Permítanme, desde mi experiencia jurisdiccional, enfatizar dos aspectos críticos:

Primero, el acceso a la justicia con perspectiva de género no puede ser una aspiración retórica; debe traducirse en realidades concretas. Durante mi gestión como Presidenta del Poder Judicial del Estado de Querétaro, impulsé la creación de cuatro juzgados penales especializados en violencia contra la mujer y un juzgado de oralidad en materia familiar, una iniciativa orientada a mejorar la atención, la sensibilidad institucional y la eficacia en la impartición de justicia y garantizar la inmediata adopción de medidas de protección urgente para mujeres en situación de violencia. Estas decisiones no solo fortalecieron la respuesta judicial, sino que enviaron un mensaje claro: la justicia debe ser pronta, accesible y sensible a las necesidades de las mujeres.

Segundo, la eliminación de todas las formas de violencia contra mujeres y niñas exige una respuesta coordinada entre operadores jurídicos, autoridades, sociedad civil y profesionales de todas las disciplinas. La violencia de género es una violación de derechos humanos que socava la dignidad, la libertad y el desarrollo de las mujeres y representa una falla sistémica si no se aborda con rigor y compromiso institucional.

También estoy cierta que la eliminación de violencia contra las mujeres es una cuestión que nos atañe a todos y desde casa: debemos educar diferente a nuestras hijas e hijos, fuera de los estereotipos tradicionales que históricamente se han impuesto a una mujer por ser mujer y a un hombre por ser hombre. Como mujeres, debemos ser congruentes: si alzamos la voz para protestar contra la violencia, entonces, al regresar a casa no repitamos al interior de nuestras familias esos roles histórica y culturalmente asignados, porque de lo contrario, ningún cambio tendremos en un futuro, los niños, las hijas, sobrinas, ahijadas, etcétera, aprenden a partir de los hechos y de lo que observan, es decir, del ejemplo.

Por ello, concluyo con una reflexión firme pero alentadora:

Sin justicia para las mujeres, los derechos son promesas que nunca se cumplen. El compromiso con la igualdad de género no es opcional, ni es asunto de una sola profesión o de una sola institución: es una responsabilidad colectiva que exige acciones concretas, medidas sostenibles y una cultura jurídica y social que reconozca, proteja y haga efectivos los derechos de todas las mujeres y niñas.

Agradezco profundamente la invitación y la oportunidad de dialogar con mujeres comprometidas con la transformación de nuestras instituciones.