Fui invitada por el Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho (CEEAD), a participar en el foro “Diálogos sobre la Reforma Judicial en Nuevo León”, convocado por organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales, como Konrad-Adenauer-Stiftung, Juicio Justo, el sector empresarial (COPARMEX, Consejo Nuevo León, Caintra Nuevo León) y el sector profesional (ANADE). El eslogán que distingue la suma de esfuerzos en Nuevo León para lograr una adecuada reforma constitucional, es “Los Mejores Jueces para Nuevo León”
Participé en el panel inaugural y desde mi experiencia en la carrera judicial, compartí una convicción clara: la justicia no puede someterse a improvisaciones ni a lógicas políticas.
He sido crítica de la elección popular de jueces, porque pone en riesgo la independencia judicial. Pero también sostengo que, frente a un cambio en curso, nuestra responsabilidad es otra: reducir el daño y elevar los estándares.
La clave está en una idea central:
👉 Sin formación rigurosa, no hay justicia posible.
👉 Sin independencia, no hay Estado de Derecho.
El reto no es solo reformar leyes, sino preservar la esencia de juzgar con técnica, ética y responsabilidad. Por eso celebro y aplaudo la iniciativa ciudadana de reforma constitucional que fue presentada ante el Congreso local de Nuevo León.
En mi intervención se me preguntó, ¿Qué significa implementar una reforma judicial? ¿Qué está en juego? Y con base en mi experiencia como implementadora, tanto de la justicia penal de adolescentes, como del sistema de justicia penal oral, dije que implementar una reforma judicial no es únicamente modificar normas; implica transformar prácticas, culturas institucionales y, sobre todo, la forma en que el Estado garantiza derechos. En términos técnicos, supone transitar del plano normativo al plano operativo, donde se materializa —o se frustra— el acceso a la justicia.
Lo que está en juego es la independencia judicial, la calidad de las decisiones jurisdiccionales y la confianza pública. Cuando una reforma introduce mecanismos como la elección popular de jueces, se redefine el modelo de legitimidad judicial: se desplaza del mérito técnico y la carrera judicial hacia una lógica de validación política, lo cual puede comprometer la imparcialidad.
Desde mi experiencia en la carrera judicial, sostengo que una reforma mal implementada puede erosionar más de lo que pretende corregir. Sin embargo, ante un cambio ya en curso, el reto institucional es contener riesgos y preservar los estándares mínimos de profesionalización, ética y técnica judicial.
Existe una brecha estructural entre el diseño normativo y la práctica judicial. Las reformas suelen construirse con diagnósticos generales, pero su implementación ocurre en contextos concretos, con limitaciones presupuestales, resistencias institucionales y desigualdades regionales.
Esto genera un fenómeno conocido como “simulación de cumplimiento”, donde formalmente se adopta la reforma, pero materialmente se reproducen prácticas anteriores.
En cuanto a la pregunta, ¿Dónde fallan las reformas judiciales? Dije que las reformas fallan tanto en el diseño como en la implementación, pero con mayor frecuencia en esta última.
- En el diseño, cuando no se respeta la lógica del sistema judicial, particularmente su independencia.
- En la implementación, cuando no se invierte en capacitación, evaluación y seguimiento.
En el caso específico de la elección de jueces, el diseño mismo introduce un riesgo estructural: la posible subordinación a intereses políticos o mayoritarios.
¿Qué errores se repiten?
- Subestimar la complejidad del sistema judicial.
- Confundir legitimidad democrática con legitimidad técnica.
- No fortalecer la carrera judicial como eje del sistema.
- Implementar cambios sin procesos rigurosos de formación previa.
Me preguntaron cuáles son los riesgos de la reforma judicial, y, desde una perspectiva técnica, dije que los principales riesgos son:
a) Debilitamiento de la independencia judicial
La elección popular introduce incentivos ajenos a la función jurisdiccional, como la necesidad de posicionamiento público o compromisos políticos.
b) Pérdida de calidad técnica
La función jurisdiccional exige especialización. Sin filtros rigurosos, existe el riesgo de que accedan perfiles sin la preparación adecuada.
c) Politización de la justicia
Se corre el riesgo de que las decisiones judiciales respondan a expectativas electorales y no a criterios jurídicos.
d) Fragmentación institucional
La existencia ahora de tres presidencias dentro del Poder Judicial, va a generar falta de orden y de gobernabilidad.
Postura propositiva.
Aunque he sido crítica de este modelo, considero que, ante su implementación, es indispensable:
- Establecer procesos estrictos de evaluación técnica previa.
- Diseñar programas obligatorios de formación judicial intensiva.
- Crear mecanismos de control ético y disciplinario robustos.
- Garantizar la independencia de la función judicial y la imparcialidad en las decisiones de los jueces.
Es decir, si el modelo cambia, debemos garantizar que quienes lleguen a la función jurisdiccional lo hagan con la mayor preparación posible.
En cuanto a ¿Qué debería cuidar Nuevo León?
Nuevo León tiene la oportunidad de aprender de errores previos (elección de 2025) y debe concentrarse en:
1. No ser espejo de la reforma federal.
La CPEUM, da un trato diferente en el artículo 116 fracción III, que es la relativa a los poderes judiciales de los Estados.
2. Profesionalización real
No basta con elegir; es indispensable formar. La capacitación debe ser previa, obligatoria y evaluable.
3. Blindaje de la independencia
Deben diseñarse reglas claras que limiten la influencia política en el ejercicio jurisdiccional.
4. Proceso electoral cuidadoso
Contar con las reformas legales necesarias para garantizar seguridad en la contienda electoral, evitar acordeones y financiamiento de grupos de poder (públicos o fácticos).
En mi mensaje final dije:
La justicia no puede improvisarse. Las reformas judiciales deben construirse con responsabilidad institucional, no con inmediatez política.
Si bien no comparto el modelo de elección popular de jueces, reconozco que el momento exige actuar con pragmatismo: si la reforma es inevitable, nuestra obligación es reducir sus riesgos y preservar la esencia de la función jurisdiccional.
La clave está en una idea central: sin jueces técnicamente capacitados, no hay Estado de derecho posible, sin importar el modelo de designación.
Felicidades a los convocantes por la organización de tan necesario foro, que muestra la preocupación real por contar con una reforma local adecuada.
Aquí comparto un video del foro y dos shorts relacionados.
