A un año de los errores de la elección judicial de 2025, el martes 2 de junio de 2026, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la REFORMA A LA REFORMA JUDICIAL que puedes consultar aquí y también puedes ver aquí un video que publiqué con motivo de la aprobación de dicha reforma.
Dos temas de trascendencia quedan en esta reforma: desempatar las elecciones judiciales de la política del 2027 y un curso de preparación a los aspirantes.
Sobre ello he levantado la voz en múltiples ocasiones y hoy, al menos en el plano normativo, es una realidad.
Previo a la publicación de este reforma, participé en un foro convocado por el Senado de la República en el mes de abril, al formar parte de la Red por la Independencia Judicial, un grupo de académicos, jueces, investigadores, barras de abogados, universidades, cámaras empresariales y grupos de la sociedad civil, conformados a instancia de México Evalúa.
El foro se denominó “Fortalecimiento de las elecciones judiciales en México”, en una jornada de análisis convocada por la Comisión de Justicia, presidida por el senador Javier Corral, en la que también explicaron el contenido de la iniciativa de reforma para “tratar” de corregir errores de la mal llamada reforma judicial, que proponían diputados y senadores del partido Morena y que al menos se visualizaba mejor que la que finalmente se publicó en el Diario Oficial de la Federación.
Integré la Mesa 2: Fortalecimiento de los perfiles en la próxima elección, donde sostuve que la legitimidad democrática de los juzgadores no puede construirse al margen de su capacidad técnica, independencia y ética judicial.
Aquí puedes ver un video relativo al foro y otro más que preparé también de la propuestas que llevamos a la sesión del Senado.
La elección popular de jueces plantea riesgos estructurales para la función jurisdiccional si no se acompaña de mecanismos rigurosos de selección, evaluación y formación. La justicia no puede someterse a lógicas de competencia política sin comprometer su esencia: la tutela imparcial de los derechos.
El desafío es claro: reducir los efectos adversos de la reforma mediante profesionalización, controles institucionales y estándares de idoneidad.
Después de ese foro, desde la Presidencia de la República se presentó otra propuesta, que en una sola jornada y mediante un procedimiento acelerado, fue aprobada la llamada reforma a la reforma judicial, tanto en cámara de diputados como en el Senado.
Entre los aspectos positivos destacan dos, que como ya lo dije, han sido parte de mis propuestas: postergar la elección judicial al 2028 y la obligación de acreditar un proceso de preparación y certificación quienes aspiren ingresar a la judicatura. La formación técnica y ética nunca debe ser opcional cuando se trata de impartir justicia. Propongo que ese curso sea metodológicamente riguroso, pues al menos con eso se pretende sustituir 10 años de carrera judicial que es el tiempo mínimo que tardaba en promedio una persona con carrera en ser juez, y que además, ese curso sea transparente y público.
A pesar de estos aspectos positivos, persisten preocupaciones de fondo. La reforma mantiene un modelo que sigue debilitando la independencia judicial, limita los márgenes de actuación de las entidades federativas y prevé una elección concurrente con la revocación de mandato, lo que sigue manteniendo los riesgos de politización.
La justicia requiere jueces preparados, independientes y comprometidos con la Constitución, no solamente mecanismos electorales.
Seguiré analizando y señalando, con responsabilidad y firmeza, aquello que fortalezca a las instituciones, pero también aquello que pueda poner en riesgo el Estado de Derecho.
La discusión pública informada es indispensable para preservar el Estado de Derecho.

