Más errores en la mal llamada “reforma judicial” han aparecido en estas semanas, que aunque ya se había comentado, el oficialismo había permanecido indiferente a ello.
Era totalmente previsible lo que está pasando, incluso, ya anunciado pero no quisieron escuchar.
La semana pasada (22 de abril de 2025), nos enteramos que el presidente del Senado de la República, reconoció que se les “filtraron” personas que no tienen un perfil idóneo para ser juzgadores, como es el caso de candidatos ligados al narcotráfico, con antecedentes penales o defensores de narcotraficantes, e instó al INE a que cancele dichas candidaturas. Aquí una nota al respecto.
Hay múltiples errores en lo anterior y deja patente el desaseo y falta de interés para llevar a cabo una real reforma al poder judicial.
En primer término podemos decir que fallaron los comités de evaluación, porque fueron quienes revisaron que los interesados reunieran los requisitos de elegibilidad y posteriormente, estos fueron entrevistados por dichos comités para determinar ahora su idoneidad. Labor en la que no se percataron que ciertos aspirantes no reunían requisitos constitucionales o reuniéndolos, no “detectaron” que no tenían el perfil idóneo, en esas determinaciones que a todas luces hoy se puede confirmar que fueron más que subjetivas. Por eso, hay candidatos que tienen procesos vigentes, han sido condenados por un delito o, el colmo, servidores públicos en funciones, como una presidenta municipal en Villagrán, Guanajuato. Aquí una nota de ello.
A las personas que “consideraron” idóneas, las incluyeron en una lista que mandaron al Senado y éste, procedió a la burda tómbola. Con los suertudos, el Senado armó los listados y los envió al INE para que se continuara con el proceso electoral, como por ejemplo, la impresión de ¡¡¡602 millones 387 mil 442 boletas!!! que contienen el nombre de los 3422 candidatos (solo federales), que supondríamos, reúnen los requisitos constitucionales y cuentan con el perfil idóneo para juzgar.
Ahora dicen que sea el INE quien “cancele” las candidaturas, lo cual es imposible, porque estamos a media campaña y ya no pueden modificar las boletas para “suprimir” nombres.
El INE también incurrió en errores, porque en los cargos ordinarios de elección popular, tienen la obligación de verificar que las personas registradas como candidatos no tengan sentencia condenatoria por los delitos a los que se refiere el artículo 38 constitucional o que no sean deudores alimentarios morosos. Este “trámite” el INE no lo realizó de manera previa para poder registrar a los candidatos, culpando a los comités de evaluación al decir que era a ellos a quien correspondía hacerlo, lo que es reflejo de la falta de normativa adecuada al respecto.
Lo anterior se reconoce públicamente a casi un mes de que están en campañas personas no idóneas, y la “solución” ha sido el acuerdo que emitió el INE para aprobar un procedimiento a través del cual, verificarán que los candidatos cumplan requisitos, pero será hasta después de la elección, es decir, las campañas continúan, los candidatos que al parecer no cumplen requisitos, seguirán en campaña, llegará el día de la jornada electoral en la que personas, quizá, voten por ellos y si se ven favorecidos, será cuando el INE determine si cumplen o no los requisitos, esto es, a posteriori.
Lo anterior solo es producto de una reforma mal hecha y al vapor, sin leyes reglamentarias, todo delegado al INE a través de acuerdos; una reforma que no reforma nada en esencia salvo la manera de elegir a los juzgadores, que dio muy poco tiempo para organizar la elección “inédita” y por ello, hoy sabemos de personas que no deberían ni siquiera haber sido admitidas.
Siempre se les dijo que era una reforma apresurada que tendría efectos desastrosos. Lo estamos viendo desde ya a la mitad de la campaña. Lo que falta es aún peor: ¿quiénes serán los nuevos juzgadores que vendrán a “legitimar” la función de estado de impartir justicia?
Te comparto un video que hice de lo anterior y aquí lo puedes reproducir.