“La judicatura no es un privilegio de quienes juzgan, sino un derecho de quienes son juzgados”.
En el marco de la reciente convocatoria de México Evalúa y la formación de la Red por la Independencia Judicial (RIJ), de la que formo parte, hemos suscrito un llamado urgente: la reforma judicial en México no debe comprometer la autonomía técnica ni la idoneidad de los perfiles que integran los tribunales y a la par, estamos presentando una propuesta de reforma constitucional –a la reforma judicial–, con la finalidad de evitar los errores de la pasada elección de 2025.
La independencia judicial como norma imperativa.
La independencia de los tribunales no es una concesión política, sino una obligación internacional y constitucional.
- Marco convencional: De acuerdo con la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Artículo 8.1), toda persona tiene derecho a ser oída por un “juez o tribunal competente, independiente e imparcial”. La CorIDH ha reiterado que la separación de poderes es esencial para la vigencia del Estado de Derecho.
- Marco nacional: Según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Artículo 17), las leyes garantizarán la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones.
Perfiles Idóneos: El riesgo de la improvisación.
Uno de los puntos medulares del comunicado que hemos suscrito, es la necesidad de reglas claras y perfiles idóneos. La justicia no puede ser producto del azar o de la popularidad política, sino de la excelencia técnica.
“La independencia judicial requiere que el ingreso, permanencia y promoción en la carrera judicial se basen en el mérito y la capacidad profesional”. (Red por la Independencia Judicial).
La implementación de mecanismos de elección que no aseguren la especialización técnica vulnera el debido proceso, pues un juzgador sin la formación adecuada difícilmente podrá actuar como contrapeso frente a los abusos de poder en agravio de los gobernados.
Desafíos frente a la Reforma Judicial.
La propuesta de reforma debe ser analizada bajo el lente del control de convencionalidad. Si los cambios normativos debilitan la estabilidad de los jueces o los someten a presiones externas (políticas o económicas), México estaría incurriendo en una regresión normativa prohibida por el principio de progresividad de los derechos humanos.
La iniciativa plantea la necesidad de:
🔹 Reducir la politización de las elecciones judiciales mediante procesos más transparentes y profesionalizados.
🔹 Sustituir requisitos formales arbitrarios por un sistema de certificación técnica a cargo de la Escuela Nacional de Formación Judicial, evaluando competencias jurídicas, ética, perspectiva de derechos humanos e independencia profesional.
🔹 Recalendarizar la siguiente elección judicial hasta 2028, para permitir una adecuada preparación de candidaturas y reglas claras para todos los actores institucionales.
🔹 Proponer reformas constitucionales precisas a diversos artículos de la Constitución para consolidar estos estándares técnicos y garantizar procesos imparciales.
Este llamado se formula desde el análisis riguroso de los retos actuales del sistema de justicia y con la convicción de que una judicatura verdaderamente independiente es pilar del Estado de derecho y de la protección de los derechos de todas las personas.
La independencia judicial es el último refugio del ciudadano frente a la arbitrariedad. Como sostiene la RIJ, es imperativo que cualquier reforma fortalezca, y no erosione, la carrera judicial y la autonomía de los juzgadores. La legitimidad de la justicia proviene de su imparcialidad, no de su alineación con las mayorías en turno.
Invito a las y los operadores jurídicos, académicos y a la ciudadanía en general a reflexionar y participar en el diálogo técnico que nuestro sistema de justicia merece.
En este enlace puede consultar el comunicado de la RIJ, y en este otro, la propuesta de reforma constitucional.