La periodista Ma. del Carmen Cervantes, me realizó una extraordinaria entrevista el 20 de agosto de 2025, en su programa de noticias que se transmite por el 101.1 FM Stereo Cristal.
Ante lo próximo de inicio de funciones del “nuevo” Poder Judicial de la Federación, el tema toral fue qué esperar para el 1 de septiembre de 2025, después de la toma de protesta de ministros, magistrados y jueces.
Advertí que el “cambio” generaría repercusiones en los ámbitos administrativo, jurisdiccional y principalmente, una parálisis o mayor lentitud en la impartición de justicia en perjuicio de las personas.
En cuanto al ámbito administrativo, la parálisis se advertía desde ya, porque no se realizó una adecuada implementación de la mal llamada “reforma judicial”. A pesar de que los artículos transitorios del decreto de reforma publicado el 15 de septiembre de 2024, en el Diario Oficial de la Federación, señalaba que el entonces Consejo de la Judicatura Federal tenía que acordar la forma de transmitir los recursos financieros, administrativos y humanos a los nuevos órganos, Tribunal de Disciplina y Órgano de Administración Judicial, ello no fue posible dado que no existían, sino que existieron hasta el 1 de septiembre a partir de la toma de protesta, pues recordemos que incluso, no se permitió a la SCJN designar a las 3 personas que debían integrar el órgano de administración (OAJ).
Por ende, el 1 de septiembre, ya teniendo juzgadores electos por decisión del Instituto Nacional Electoral y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (en el caso de las impugnaciones), y también, habiéndose registrado para contender por un determinado órgano jurisdiccional, a pesar de todo ello, el 1 de septiembre no existirían titulares en la mitad de órganos que fueron a elección popular (881 para ser exactos), eso significa que no se podrían emitir resoluciones, en perjuicio del justiciable. Advertí que no sabía de cuánto tiempo sería esa parálisis y que cada día, se deben tomar decisiones administrativas en los poderes judiciales, pero si no había órgano de administración, entonces dichas decisiones se paralizarían también.
El aspecto jurisdiccional deriva de lo anterior, porque al no tener jueces y magistrados, las resoluciones no se podrían emitir, pero además, que tendríamos qué esperar a ver el impacto jurisdiccional para saber cómo van a resolver esos nuevos jueces, muchos de ellos improvisados y sin experiencia judicial, así como también, qué criterios nos estarían llegando a los tribunales ordinarios en la resolución de amparos indirectos y directos, aunado a que tendríamos que ver, qué nuevos criterios jurisprudenciales la “nueva” Corte dejaría de aplicar y generar los “nuevos” criterios. Todo lo cual impacta en la impartición de justicia.
Y todo lo anterior, en perjuicio de los ciudadanos, al convertir a la justicia en más lenta de lo común, solo por una mala reforma y una inadecuada implementación.
Si la reforma hubiese puesto en el centro de atención a las personas, otra situación estaríamos viviendo.
Los invito a ver un extracto de la entrevista aquí en este video.