El periodista Aurelio Peña me realizó una entrevista el 20 de agosto de 2025, en su programa de noticias Radar News.
El tema central de la entrevista fue sobre qué esperar en Querétaro con la reforma judicial.
Mencioné que tendríamos un impacto desde el 1 de septiembre de 2025, a pesar de que en lo local, no se ha aplicado la reforma, porque tendríamos 8 nuevos jueces de distrito y 8 nuevos magistrados de circuito del Poder Judicial de la Federación, y tendríamos qué esperar a saber bajo qué criterios resolverían los amparos indirectos y directos.
En cuanto a la reforma en lo local, hice referencia a que, si bien, Querétaro no fue a la elección popular del 1 de junio de 2025, ello no es contrario a la constitución, porque el artículo octavo transitorio del decreto de reforma constitucional publicado el 15 de septiembre de 2024, da la opción a las legislaturas de los estados para hacer la renovación de magistrados y jueces, en la elección extraordinaria del 2025 o en la ordinaria del 2027 y que ante tal opción, mi punto de vista es que fue correcto, sano y adecuado que Querétaro no fuera a dicha elección, para aprender de las experiencias –muy malas por cierto– que dejó la del 1 de junio pasado, y evitar incurrir en esos errores.
Le comenté a Aurelio Peña que la reforma constitucional no da el mismo trato al Poder Judicial de la Federación que a los poderes judiciales locales y que el legislador queretano, comprometido siempre con el fortalecimiento de las instituciones en Querétaro, tenía la labor de generar una reforma que respete la norma constitucional y distinguir adecuadamente qué no aplica al poder judicial local.
Por último me preguntó el entrevistador si la elección por voto popular debilita la democracia y contesté en sentido afirmativo. Agregué que debemos verlo como un debilitamiento no solo de la democracia, sino de la república. Nuestro régimen constitucional señala que estamos conformados en una república democrática, y que esto significa el respeto por la división de poderes como resultado del estado liberal y del estado de derecho propio del pensamiento ilustrado.
Si una constitución no da garantías adecuadas de esa división de funciones en el Estado, no se puede hablar de república, porque el poder judicial es el contrapeso de los otros dos poderes (refiriéndome a los tribunales constitucionales), dado que el poder judicial determina cuándo existió exceso en el poder ejecutivo frente a un ciudadano y también, anula leyes que emite el legislativo cuando éstas no respetan derechos fundamentales.
En cuanto a la democracia, debe ser vista no solo como un esquema donde los ciudadanos eligen a sus gobernantes –y ahora también a los jueces–, sino también, como una forma de gobierno en el que la regla de la mayoría es muy importante.
Para que una democracia funcione adecuadamente, necesita tres ingredientes: a) regla de las mayorías; b) voto universal; c) respeto a derechos. En cuanto a la primera regla, no se cumple, porque es insostenible hablar de “legitimidad democrática” cuando solo el 9% del padrón electoral votó, aun y con los acordeones, que sí intervinieron gobernantes y partidos políticos para movilizar a las personas a efecto de que fueran a votar el 1 de junio, a pesar de estar prohibido, lo que implica que si hubieran sido respetuosos de la norma constitucional, ni siquiera el 9% hubiese acudido a las urnas.
Y la tercera regla tampoco se da; es el ámbito de lo indecidible –como dice Ferrajoli–, es decir, el legislador no puede crear normas que se aparten de valores y principios constitucionales, uno de ellos, la república. Elegir por voto a los juzgadores, es atentar contra la república.
Estemos atentos al funcionamiento del nuevo poder judicial, porque es una falacia decir que por haber sido elegidos por voto popular, ya están legitimados y que con ello, la impartición de justicia va a mejorar. Esto no es así.