El pasado 19 de enero de 2026, Inteli-Iuris me invitó a participar en el panel “Prospectivas jurídicas, un vistazo al 2026”, en el que reunió a expertos en diversos temas como el señor ministro José Ramón Cossío Díaz, Luis Pérez de Acha, José Roldan Xopa, Eduardo Bohorquez López, Mónica Gozález Contro y Jorge Sepúlveda García.
Mi participación se centró en las prospectivas de la justicia local y la independencia judicial, en el marco de la reforma al poder judicial.
Sostengo que este 2026 marca un punto de inflexión para el constitucionalismo en México, porque es el año de preparación para la segunda parte de elección de juzgadores federales y del resto de Estados que no fueron a las urnas en 2025. Tras la publicación de la reforma el 15 de septiembre de 2024 y la posterior jornada electoral del 1 de junio de 2025, el sistema de impartición de justicia atraviesa una fase crítica de reconfiguración estructural, operativa y de legitimación.
La reforma judicial plantea un cambio estructural profundo: la elección popular de jueces rompe con el modelo tradicional de carrera judicial basado en méritos, controles institucionales y profesionalización. Ante ello, es imperativo reflexionar sobre cómo adaptar este nuevo esquema sin debilitar la independencia judicial.
El GRAN reto consiste en generar acciones acorde a los mandatos constitucionales vigentes: tenemos un mandato constitucional que debe ser respetado sin claudicar en la defensa de la excelencia técnica y el mérito profesional. La Constitución da un trato distinto a los estados (en el artículo 116-III); la federación no tiene para donde hacerse, a menos que venga una reforma para corregir los errores de la elección de 2025.
La legitimidad de un juez no se agota en las urnas, MENOS cuando el 87% del padrón electoral optó por la abstención. Esta cifra plantea un desafío sustantivo para la legitimidad de los nuevos juzgadores que iniciaron funciones en septiembre de 2025; fuimos testigos del proceso, de la elección, y ahora, de su desempeño.
Ya se ha dicho hasta el cansancio que la independencia judicial no es un privilegio y que la elección por voto popular introduce el riesgo latente de que los jueces respondan a intereses de partidos políticos, grupos de presión económica o incluso organizaciones criminales, PERO NADA SE HA HECHO PARA EVITARLO, y en los estados estamos en posibilidad de hacerlo.
El Dr. Luis Pérez de Acha ha señalado que el desmantelamiento de la carrera judicial puede llevar a un gobierno autárquico donde el derecho sea un instrumento de justificación del poder y no un límite al mismo; por ello, quiero añadir otros elementos más allá de la reforma judicial para analizar todo en su contexto:
Los principios de un estado constitucional de derecho es el reconocimiento de derechos a favor de las personas y los claros límites que deben estar establecidos al ejercicio del poder. Sin esto, no tenemos constitucionalismo. Además, somos una república, que se distingue por la división o separación de poderes. Lo anterior está en crisis en nuestro país por una sobrerrepresentación en el Congreso de la Unión y ahora con los jueces constitucionales (ministros) elegidos por voto popular, claramente vemos cooptados al legislativo y judicial, pero también, por otras reformas que están delineando los escasos límites a la autoridad y donde se está minando el poder de los jueces.
Las “razón” principal que se dio para justificar la mal llamada reforma judicial, fue hablar de la “corrupción de jueces”, porque no están alineados a los objetivos del ejecutivo, sueltan criminales y no permiten u obstaculizan la recaudación fiscal. La solución fue debilitar al poder judicial, al eliminar los contrapesos bajo el argumento de que ahora los jueces obedecen al pueblo y si no, el Tribunal de Disciplina Judicial está para sancionarles.
Con esto se comprometen los dos principios de la moral legalizada en el ejercicio de la judicatura: la INDEPENDENCIA e IMPARCIALIDAD.
A esto sumamos la nueva política criminal, que se delinea a través de:
- Reforma a la Guardia Nacional ahora militarizada (reforma del 30-sep-24) y con facultades de investigación (reforma del 31-dic-24)
- Ampliación del catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa con la nueva leyenda de que los jueces no deben interpretar y aplicar literal el texto constitucioal (31-dic-24) y otra ampliación más al catáogo de delitos (reforma del 1-abr-25).
- La creación de la figura de jueces sin rostro para delitos de delincuencia organizada (15-sep-24)
- Reforma a la Ley de Amparo (16-oct-25) que afecta temas de interés legítimo, suspensión del acto reclamado, retroactividad y cumplimiento del amparo a cargo de la autoridad responsable.
Si el nuevo diseño constitucional se orienta hacia la elección popular de jueces y todas estas reformas dejan ver la falta de límites al poder, entonces, deben garantizarse al menos cuatro pilares:
- Requisitos estrictos de formación jurídica y ética en los aspirantes: no solo 8 de promedio en su licenciatura, sino proceso estrictos y rigurosos para elegir a los mejores perfiles.
- Comités de Evaluación realmente autónomos que certifiquen idoneidad de los aspirantes antes de permitir la candidatura: quién y cómo se elegirá a quienes conformen los comités de evaluación de cada uno de los poderes del Estado y establecer, desde ahí, requisitos de elegibilidad.
- Mecanismos de evaluación periódica, técnica e independiente: desempeño pero también observatorio sobre independencia judicial.
- Implementar mecanismos de justicia abierta.
Los poderes judiciales estatales pueden convertirse en espacios de innovación institucional, si se establecen reglas claras que preserven los principios del debido proceso, la imparcialidad y el profesionalismo. La prospectiva exige no idealizar ni rechazar de plano el nuevo modelo, sino diseñarlo con rigor técnico y compromiso democrático.
Por eso, este año 2026 será recordado como el periodo en que México decidió si su sistema de justicia se convertía en un apéndice de la política o si lograba construir una nueva forma de independencia basada en la transparencia y el respaldo ciudadano crítico y para ello propongo:
- Legitimidad de Desempeño vs. Legitimidad de Origen: La elección popular es un hecho consumado que debe ser acompañado de un rigor técnico inquebrantable. El voto da el cargo, pero el conocimiento y la ética dan la autoridad moral para juzgar.
- Federalismo Judicial Activo: Las judicaturas locales no deben ser meros espejos del modelo federal. Querétaro debe seguir impulsando su propio camino preservando la carrera judicial hasta donde el marco constitucional lo permita. La justicia local es la más cercana a la ciudadanía, ya que más del 80% de los conflictos jurídicos se resuelven en el ámbito estatal. Por eso, no debemos improvisar.
- La justicia abierta como modelo de resistencia y transparencia, si los jueces van a ser electos, la transparencia debe ser radical. Esto incluye no solo la publicación de sentencias, sino mecanismos reales de rendición de cuentas, procedimientos disciplinarios, sentencias ciudadanas, lenguaje claro, etcétera. La legitimidad se ganará a través de la “puerta abierta” y la cercanía con la sociedad, rompiendo la imagen de una justicia encerrada en muros de tecnicismos incomprensibles.
- Alianza con la Sociedad Civil y el Sector Privado: La International Chamber of Commerce (ICC) México ha pasado de la crítica a la colaboración pragmática. Claus Von Woebeser, su presidente, ha anunciado un curso de capacitación de seis meses para jueces en materia de arbitraje y mediación en conjunto con la Escuela Judicial del Poder Judicial de la Federación; o, la vigilancia que ha anunciado Coparmex que realizará. Ambas, son herramientas vitales para mantener la calidad de la justicia. Los tribunales deben recibir con agrado este escrutinio para fortalecerse.
- La Justicia como patrimonio de todos: La independencia judicial no es para beneficio de los jueces, sino para asegurar que cualquier ciudadano, frente al poder más grande, encuentre en un juez a un protector imparcial de sus derechos.
Si como dicen, la elección popular de jueces puede ser una oportunidad para acercar la justicia a la gente, no debe ser a costa de su independencia, imparcialidad y profesionalismo.
Diseñar el futuro del Poder Judicial local exige rigor técnico, diálogo institucional y firmeza democrática. No podemos improvisar.
Agradezco a Inteli-Iuris y a la Barra Mexicana Colegio de Abogados, A.C., la invitación a participar en tan interesante conversatorio. Un honor compartir panel con grandes referentes a nivel nacional.