El 8M, Día Internacional de la Mujer, cayó en domingo este 8 de marzo de 2026, y desde el día inhábil y en casa, generé diversas reflexiones a partir de lo que con motivo de este día de dice y escucha.

Mis reflexiones se generaron a partir de que en ocasiones escucho los mismos discursos cada año, huecos, vacíos y solo queriendo empoderar a las mujeres a partir de mensajes motivacionales.

Muchas mujeres que enfrentan violencias, que perciben salarios menores en el mismo cargo por el hecho de ser mujeres, que no pueden acceder a cargos de toma de decisiones en los ámbitos tanto público como privado, no necesitan de un mensaje motivacional, sino de que conozcan qué estamos haciendo las mismas mujeres por nosotras y qué hacemos desde las instituciones si somos servidoras públicas o estamos en espacios de apertura y protección hacia las de nuestro género.

Yo les puedo compartir que como líder de mi equipo de trabajo, trato por igual a hombres y mujeres, porque todos son profesionales capaces, siempre apoyo y ayudo a las abogadas que trabajan conmigo y soy flexible cuando requieren de espacios para atención de sus hijos, familias o padres. Como Presidenta del Poder Judicial, generé acciones en favor de mis compañeras de trabajo, por ejemplo, cuando inicié mi gestión, encontré que una juez que ya había sido designada porque ganó un concurso por oposición, estaba ejerciendo funciones en Jalpan, cuando no fue el distrito para el que concursó, pero además, se trataba de una mujer madre de familia y, por el contrario, un hombre que estaba de juez provisional y aún no había sido designado por concurso, estaba en un lugar mejor (en un juzgado de San Juan del Río). Lo que hice, de inmediato, fue cambiar de adscripción a quien ya era juez incluso por una cuestión de género y la ubiqué en San Juan del Río. Otras acciones fueron enfocadas a apoyar a acordistas, proyectisas, secretarias, que tenían dificultades con sus hijos, sus horarios, etcétera, y siempre fui flexible a apoyarlas y modificar temporalmente el tiempo que requirieran para solucionar la atención de sus hijos o familiares; también les di estabilidad laboral al darles su basificación y nivelar sus salarios a quienes ganaban menos en el mismo cargo. Además, abrí dos lactarios en los edificios de mayor concentración de personal y que son los únicos existentes y certifiqué Ciudad Judicial y el Nuevo Palacio de Justicia, en la NOM-25 de igualdad laboral y no discriminación, para darles herramientas a las compañeras que llegaran a sufrir de acoso laboral.

Hacia el exterior, generé cuatro juzgados penales que específicamente atienden cinco delitos de mayor incidencia en contra de las mujeres (violencia familiar, violencia de género, abuso sexual, violación y feminicidio), así como un juzgado familiar oral para atender de manera urgente órdenes de protección en casos de violencia contra la mujer.

Estas acciones no son un mero discurso, sino que se traduce en beneficio de mujeres trabajadoras y mujeres usuarias del servicio de justicia.

Por último, también reflexioné en que es necesario el cambio cultural que no se da por decreto de una ley, sino con los comportamientos que como personas tenemos al interior de nuestras familias y nuestros hogares. Debemos formar diferente a las nuevas generaciones y enseñarles con el ejemplo que la atención de la casa, de los hijos y el sustento familiar, son actividades compartidas y no exclusivas unas solo para mujeres y otras solo para los hombres.

Aquí les dejo un video corto y aquí otro short, sobre estas reflexiones que les comparto.

Luchemos todos por eliminar todos los tipos de violencias contra las mujeres.

En el marco del Día del Juzgador Mexicano (7 de marzo) y del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo), les presentó a las primeras juzgadoras en el Poder Judicial del Estado de Querétaro, derivado de una investigación que realicé como integrante de la Asociación Mexicana de Mujeres Juezas y Magistradas, A.C.

El 7 de marzo se conmemora el Día del Juzgador Mexicano, porque ese día, pero de 1815, se instaló el Primer Tribunal de la América Mexicana, en Ario de Rosales, Michoacán, que fue el antecedente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La primera juez de primera instancia fue la licenciada Senorina Contreras Zúñiga, originaria de Corregidora, Querétaro. Formó parte de la generación 1955-1960, conformada por tan solo 12 estudiantes de los cuales ella era la única mujer, en la Facultad de Derecho de nuestra universidad. Está reconocida como la primera abogada de El Pueblito.

El 22 de febrero de 1971, es designada Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tolimán; posteriormente del Distrito Judicial de Cadereyta y por último, en Jalpan, del 1 de abril de 1975 al 16 de abril de 1978.

Falleció el 1 de julio de 1996 a la edad de 61 años.

La licenciada Elvia Estela Guadarrama Gutiérrez fue la primera Juez Municipal de Querétaro (en ese tiempo los juzgados municipales no dependían del Poder Judicial), nombrada en 1969 cuando solo existía un juzgado en el municipio. Su trayectoria en los tres poderes del Estado, así como en el ámbito municipal, refleja una vocación profunda de servicio público y una vida dedicada a fortalecer las instituciones.

Y la licenciada Sonia Alcántara Magos se convirtió en 1979 en la primera Magistrada y posteriormente, en 1981, en la primera Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Su liderazgo no solo transformó la judicatura, sino que trascendió al ámbito legislativo, notarial y académico, consolidando una carrera ejemplar al servicio del derecho.

Estas tres mujeres no solo ocuparon por primera vez un cargo, cuando las condiciones no eran favorables para las mujeres en el ámbito jurídico. Lo dignificaron. Por ello, durante mi gestión como presidente del Poder Judicial, les hicimos un homenaje y sus nombres están grabados, como las primeras juzgadoras, en el Auditorio del Nuevo Palacio de Justicia.

Hoy, su legado no es solo histórico: es vigente. Nos recuerda que la igualdad sustantiva no es concesión, sino conquista; que la justicia se construye todos los días con valentía y responsabilidad.

En su memoria y en su ejemplo, reafirmo mi compromiso con una justicia más abierta, más humana y plenamente incluyente.

Porque honrar a nuestras pioneras es también asumir la responsabilidad de continuar su obra.

Da click aquí para ver el video.

Este 5 de febrero de 2026, conmemoramos el 109 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, un documento histórico que, en su origen, marcó un hito mundial al ser la primera constitución en reconocer derechos sociales: el derecho a la tierra, al trabajo digno y a la educación, entre otros. Su legado como símbolo de transformación jurídica y justicia social en el siglo XX es indiscutible.

No obstante, la Constitución de hoy no es la misma que la de 1917. Aunque formalmente se mantiene, la realidad es que ha sido objeto de más de 750 reformas. Algunas necesarias, otras profundas, muchas de ellas legítimas. Pero otras más, preocupantes por su forma, su contenido o sus efectos institucionales.

Una Constitución desfigurada.

En tiempos recientes, hemos sido testigos de un fenómeno de constitucionalización excesiva, que erosiona el valor normativo de la Constitución como norma fundamental. Me refiero a la práctica de incluir en el texto constitucional disposiciones que, por su naturaleza, deberían estar en el ámbito de la legislación secundaria o reglamentaria. Un ejemplo elocuente es la reforma al artículo 4, en la que se prohíben expresamente los vapeadores o cigarrillos electrónicos. Esta norma, más allá del debate sobre salud pública, plantea un serio dilema: ¿merece este tema estar en el mismo nivel que el derecho a la salud o a la alimentación?

En ese mismo artículo, se incorporó recientemente un párrafo que ensalza al maíz como elemento identitario del pueblo mexicano, con un lenguaje más cercano a la lírica que a la técnica jurídica. Aunque el reconocimiento cultural es valioso, cabe preguntarse si este tipo de redacciones no trivializan la solemnidad y función normativa de nuestra Carta Magna.

Reformas que socavan principios fundamentales.

Aún más preocupantes son aquellas reformas que afectan el diseño institucional de la República y los principios democráticos. En este sentido, el elegir por voto popular a juzgadores de todo el país representa una ruptura con el principio de división de poderes y con las bases del constitucionalismo moderno.

El modelo de justicia que se instaura a través de esta reforma ignora los riesgos de politización de la judicatura, compromete la imparcialidad judicial y desvirtúa la función contramayoritaria de los jueces, al subordinarla a la lógica electoral.

Otros cambios han profundizado la militarización de la seguridad pública, como la reforma que formaliza el control de la Guardia Nacional por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, y aquella que amplía las facultades de investigación de cuerpos militares, en clara tensión con los estándares democráticos y los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.

El retroceso en garantías procesales.

No menos grave es la tendencia punitivista que ha guiado varias reformas penales. El artículo 19 constitucional ha sido modificado para incrementar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, figura que ha sido señalada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como violatoria del principio de presunción de inocencia. Sumada a la prohibición expresa a los jueces para no interpretar y aplicar literalmente la prisión preventiva oficiosa, generando, incluso, una antinomia con el artículo 1 constitucional.

A ello se suma la creación de figuras como la de los “jueces sin rostro”, que socavan el principio de publicidad y control jurisdiccional, con implicaciones delicadas para el debido proceso.

¿Tenemos algo que celebrar?

Sí, tenemos algo que celebrar: el espíritu de justicia social que animó a los constituyentes de 1917 y que sigue inspirando muchas luchas actuales. Celebramos el hecho de tener una Constitución escrita, formal y vigente, que durante más de un siglo ha sido pilar de nuestra vida institucional.

Pero también tenemos mucho que reflexionar y criticar con responsabilidad. No podemos permanecer indiferentes ante la desnaturalización del texto constitucional, la banalización de su contenido y el uso político de sus reformas.

La Constitución no es un catálogo de ocurrencias ni un vehículo para mensajes propagandísticos. Es el pacto fundamental de nuestra convivencia democrática, el límite al poder, el resguardo de los derechos y la estructura que garantiza la legalidad en un Estado de Derecho.

La defensa de la Constitución no se hace con discursos conmemorativos, sino con vigilancia crítica, compromiso cívico y una exigencia permanente por su integridad, racionalidad y respeto.

Sí, tenemos Constitución. Pero no debemos conformarnos con tenerla: hay que defenderla de su propia desfiguración.