El pasado 29 de enero de 2026, el sector jurídico y empresarial se dio cita para analizar uno de los temas más apremiantes del año: la Reforma Fiscal 2026, en una charla impartida por el reconocido especialista Dr. Luis Pérez de Acha. Con un aforo de más de 100 asistentes, tuve la oportunidad de participar en este for de alto nivel, donde se hizo referencia a las implicaciones de una política fiscal que prioriza la fiscalización sobre el aumento de gravámenes, así como su punto de coincidencia con el derecho penal.

Un nuevo paradigma: Fiscalización Estratégica

La premisa para 2026 es clara: “No aumento de impuestos, pero sí una fiscalización implacable”. Durante la jornada, el Dr. Pérez de Acha, destacó que el SAT ha evolucionado sus mecanismos de vigilancia, enfocándose en el combate a la evasión y el uso de factureras, lo que obliga a las empresas a migrar de un modelo reactivo a uno de estricta prevención, principalmente con las nuevas obligaciones en facturación fiscal.

Los Retos Operativos y Jurídicos

Se subrayó que el mayor desafío no es solo el cumplimiento técnico, sino la gestión de contingencias fiscales y penales. Los puntos medulares discutidos fueron:

• Control interno reforzado: Regresar a revisar la normativa y ajustar los procesos ante los cambios.

• Validación de procesos: No basta con tener la documentación; es necesario acreditar la materialidad y razón de negocios en cada operación.

• Gestión Intensiva: El fortalecimiento de la relación con organismos como la Prodecon y el propio SAT es vital para resolver discrepancias antes de que escalen a un conflicto legal.

• Litigio como última ratio: Se enfatizó la importancia de agotar las instancias de control interno y cumplimiento para evitar los costos y tiempos de un litigio fiscal complejo.

Recomendaciones para la Toma de Decisiones

Para los líderes de empresa y asesores jurídicos presentes, la conclusión fue unánime: el Gobierno Corporativo Eficiente ya no es una opción, sino una necesidad de supervivencia. La implementación de controles internos reforzados permitirá a las organizaciones navegar las nuevas obligaciones en facturación fiscal con un margen mínimo de error.

“El escenario actual exige información y diálogo constante entre las empresas y sus asesores. La transparencia es la nueva moneda de cambio ante la autoridad fiscal.”

Agradezco la invitación para participar en este encuentro de actualización, reafirmando que el conocimiento compartido es la mejor defensa ante la incertidumbre normativa.

El pasado 19 de enero de 2026, Inteli-Iuris me invitó a participar en el panel “Prospectivas jurídicas, un vistazo al 2026”, en el que reunió a expertos en diversos temas como el señor ministro José Ramón Cossío Díaz, Luis Pérez de Acha, José Roldan Xopa, Eduardo Bohorquez López, Mónica Gozález Contro y Jorge Sepúlveda García. 

Mi participación se centró en las prospectivas de la justicia local y la independencia judicial, en el marco de la reforma al poder judicial. 

Sostengo que este 2026 marca un punto de inflexión para el constitucionalismo en México, porque es el año de preparación para la segunda parte de elección de juzgadores federales y del resto de Estados que no fueron a las urnas en 2025. Tras la publicación de la reforma el 15 de septiembre de 2024 y la posterior jornada electoral del 1 de junio de 2025, el sistema de impartición de justicia atraviesa una fase crítica de reconfiguración estructural, operativa y de legitimación. 

La reforma judicial plantea un cambio estructural profundo: la elección popular de jueces rompe con el modelo tradicional de carrera judicial basado en méritos, controles institucionales y profesionalización. Ante ello, es imperativo reflexionar sobre cómo adaptar este nuevo esquema sin debilitar la independencia judicial. 

El GRAN reto consiste en generar acciones acorde a los mandatos constitucionales vigentes: tenemos un mandato constitucional que debe ser respetado sin claudicar en la defensa de la excelencia técnica y el mérito profesional. La Constitución da un trato distinto a los estados (en el artículo 116-III); la federación no tiene para donde hacerse, a menos que venga una reforma para corregir los errores de la elección de 2025. 

La legitimidad de un juez no se agota en las urnas, MENOS cuando el 87% del padrón electoral optó por la abstención. Esta cifra plantea un desafío sustantivo para la legitimidad de los nuevos juzgadores que iniciaron funciones en septiembre de 2025; fuimos testigos del proceso, de la elección, y ahora, de su desempeño.  

Ya se ha dicho hasta el cansancio que la independencia judicial no es un privilegio y que la elección por voto popular introduce el riesgo latente de que los jueces respondan a intereses de partidos políticos, grupos de presión económica o incluso organizaciones criminales, PERO NADA SE HA HECHO PARA EVITARLO, y en los estados estamos en posibilidad de hacerlo. 

El Dr. Luis Pérez de Acha ha señalado que el desmantelamiento de la carrera judicial puede llevar a un gobierno autárquico donde el derecho sea un instrumento de justificación del poder y no un límite al mismo; por ello, quiero añadir otros elementos más allá de la reforma judicial para analizar todo en su contexto:  

Los principios de un estado constitucional de derecho es el reconocimiento de derechos a favor de las personas y los claros límites que deben estar establecidos al ejercicio del poder. Sin esto, no tenemos constitucionalismo. Además, somos una república, que se distingue por la división o separación de poderes. Lo anterior está en crisis en nuestro país por una sobrerrepresentación en el Congreso de la Unión y ahora con los jueces constitucionales (ministros) elegidos por voto popular, claramente vemos cooptados al legislativo y judicial, pero también, por otras reformas que están delineando los escasos límites a la autoridad y donde se está minando el poder de los jueces. 

Las “razón” principal que se dio para justificar la mal llamada reforma judicial, fue hablar de la “corrupción de jueces”, porque no están alineados a los objetivos del ejecutivo, sueltan criminales y no permiten u obstaculizan la recaudación fiscal. La solución fue debilitar al poder judicial, al eliminar los contrapesos bajo el argumento de que ahora los jueces obedecen al pueblo y si no, el Tribunal de Disciplina Judicial está para sancionarles. 

Con esto se comprometen los dos principios de la moral legalizada en el ejercicio de la judicatura: la INDEPENDENCIA e IMPARCIALIDAD.  

A esto sumamos la nueva política criminal, que se delinea a través de: 

1. Reforma a la Guardia Nacional ahora militarizada (reforma del 30-sep-24) y con facultades de investigación (reforma del 31-dic-24) 
2. Ampliación del catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa con la nueva leyenda de que los jueces no deben interpretar y aplicar literal el texto constitucioal (31-dic-24) y otra ampliación más al catáogo de delitos (reforma del 1-abr-25). 
3. La creación de la figura de jueces sin rostro para delitos de delincuencia organizada (15-sep-24) 
4. Reforma a la Ley de Amparo (16-oct-25) que afecta temas de interés legítimo,  suspensión del acto reclamado, retroactividad y cumplimiento del amparo a cargo de la autoridad responsable. 

Si el nuevo diseño constitucional se orienta hacia la elección popular de jueces y todas estas reformas dejan ver la falta de límites al poder, entonces, deben garantizarse al menos cuatro pilares:  

• Requisitos estrictos de formación jurídica y ética en los aspirantes: no solo 8 de promedio en su licenciatura, sino proceso estrictos y rigurosos para elegir a los mejores perfiles.

• Comités de Evaluación realmente autónomos que certifiquen idoneidad de los aspirantes antes de permitir la candidatura: quién y cómo se elegirá a quienes conformen los comités de evaluación de cada uno de los poderes del Estado y establecer, desde ahí, requisitos de elegibilidad.

• Mecanismos de evaluación periódica, técnica e independiente: desempeño pero también observatorio sobre independencia judicial.
• Implementar mecanismos de justicia abierta.

Los poderes judiciales estatales pueden convertirse en espacios de innovación institucional, si se establecen reglas claras que preserven los principios del debido proceso, la imparcialidad y el profesionalismo. La prospectiva exige no idealizar ni rechazar de plano el nuevo modelo, sino diseñarlo con rigor técnico y compromiso democrático. 

Por eso, este año 2026 será recordado como el periodo en que México decidió si su sistema de justicia se convertía en un apéndice de la política o si lograba construir una nueva forma de independencia basada en la transparencia y el respaldo ciudadano crítico y para ello propongo: 

• Legitimidad de Desempeño vs. Legitimidad de Origen: La elección popular es un hecho consumado que debe ser acompañado de un rigor técnico inquebrantable. El voto da el cargo, pero el conocimiento y la ética dan la autoridad moral para juzgar.    

• Federalismo Judicial Activo: Las judicaturas locales no deben ser meros espejos del modelo federal. Querétaro debe seguir impulsando su propio camino preservando la carrera judicial hasta donde el marco constitucional lo permita. La justicia local es la más cercana a la ciudadanía, ya que más del 80% de los conflictos jurídicos se resuelven en el ámbito estatal. Por eso, no debemos improvisar. 

• La justicia abierta como modelo de resistencia y transparencia, si los jueces van a ser electos, la transparencia debe ser radical. Esto incluye no solo la publicación de sentencias, sino mecanismos reales de rendición de cuentas, procedimientos disciplinarios, sentencias ciudadanas, lenguaje claro, etcétera. La legitimidad se ganará a través de la “puerta abierta” y la cercanía con la sociedad, rompiendo la imagen de una justicia encerrada en muros de tecnicismos incomprensibles. 

• Alianza con la Sociedad Civil y el Sector Privado: La International Chamber of Commerce (ICC) México ha pasado de la crítica a la colaboración pragmática. Claus Von Woebeser, su presidente, ha anunciado un curso de capacitación de seis meses para jueces en materia de arbitraje y mediación en conjunto con la Escuela Judicial del Poder Judicial de la Federación; o, la vigilancia que ha anunciado Coparmex que realizará. Ambas, son herramientas vitales para mantener la calidad de la justicia. Los tribunales deben recibir con agrado este escrutinio para fortalecerse.    

• La Justicia como patrimonio de todos: La independencia judicial no es para beneficio de los jueces, sino para asegurar que cualquier ciudadano, frente al poder más grande, encuentre en un juez a un protector imparcial de sus derechos. 

Si como dicen, la elección popular de jueces puede ser una oportunidad para acercar la justicia a la gente, no debe ser a costa de su independencia, imparcialidad y profesionalismo. 

Diseñar el futuro del Poder Judicial local exige rigor técnico, diálogo institucional y firmeza democrática. No podemos improvisar. 

Agradezco a Inteli-Iuris y a la Barra Mexicana Colegio de Abogados, A.C., la invitación a participar en tan interesante conversatorio. Un honor compartir panel con grandes referentes a nivel nacional. 

El 30 de septiembre de 2025, participé en el foro “Datos con Sentido de Justicia”, organizado por GIZ (Cooperación Técnica Alemana), en colaboración con Juicio Justo, A.C., bajo un formato denominado Open Space. El evento fue en el Club de Banqueros de la Ciudad de México y congregó a representantes de poderes judiciales, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, organizaciones de la sociedad civil, académicos, periodistas y abogados postulantes.

Hablé sobre “Justicia basada en evidencia: el uso de datos para la transformación institucional y el acceso efectivo a la justicia”, bajo tres ejes clave:

1. Transformación institucional: cómo los datos fortalecen la planeación estratégica, la evaluación de desempeño y la rendición de cuentas.
2. Toma de decisiones basada en evidencia: uso de indicadores para mejorar la gestión judicial.
3. Enfoque centrado en las personas: cómo los datos permiten detectar necesidades específicas, reducir tiempos de respuesta y hacer más accesible el sistema de justicia.

Todo en el marco de la justicia abierta y transparencia de datos.

Lo anterior relacionado con los temas que implementé en mi gestión como Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, de 2021 a 2024 y los avances que dejé como la creación de la Unidad de Estadística, un nuevo sitio web y rendición de cuentas de los jueces.

La justicia como sistema de información.

• Hice referencia a que los tribunales somos entes generadores masivos de muchos datos: expedientes, resoluciones, audiencias, pero que partimos de varios problemas porque la información está en desorden o desarticulada, y no se toma en cuenta para las decisiones que vayan transformando a la institución. Insistí en la necesidad de institucionalizar una cultura de datos en los poderes judiciales y de cómo éstos me ayudaron a tomar decisiones para mejorar el servicio de impartición de justicia.

Transformación institucional a partir de datos.

• Diseño e implementación de sistemas de control y monitoreo jurisdiccional siempre son necesarios. Expuse los sistemas con los que cuenta el Poder Judicial del Estado de Querétaro, que en materia penal es el SIU (sistema informático único, creado desde Cosmos) y Praxis que aplica al sistema civil, familiar, mercantil y laboral.
• Uso de indicadores para detectar cuellos de botella y reasignar cargas de trabajo.
• Puse ejemplos reales de cómo la analítica permitió reducir los tiempos de resolución en ciertas materias, como las comunicaciones electrónicas, los exhortos electrónicos entre jueces del Estado, la eliminación de libros de registro físicos y evitar doble trabajo al personal, etcétera.

Toma de decisiones basada en evidencia.

• Priorización de políticas públicas judiciales con base en estadísticas confiables y evaluación del desempeño judicial: eficiencia, eficacia, productividad.
• En esta parte puse de ejemplo:
  • La reducción en los tiempos de respuesta que tuvieron los jueces civiles, familiares y mixtos a partir de analizar sus estadísticas, es decir, cuánta carga de trabajo recibían (promociones) y la cantidad de sentencias pendientes por dictar. A partir del análisis de dichos números y de la implementación de sistemas de gestión, se logró que las promociones estuvieran acordadas en los términos que permite la ley y sentencias dictadas en plazos razonables. Mostré que cuando inicié mi gestión (1 de octubre de 2021), los jueces tenían mayores pendientes y menor productividad, y al final de ésta (30 de septiembre de 2024), la estadística se invirtió, es decir, era mayor la productividad y menores los pendientes.

Acceso efectivo a la justicia con enfoque centrado en las personas.

A partir de los datos estadísticos sobre:

• Delitos más comunes de violencia contra la mujer y el sentido de resoluciones, creamos 4 juzgados penales especializados en la atención de delitos contra mujeres, capacitando de manera específica a cuatro juezas para una mejor atención de esos casos. Dichos juzgados conocen de los delitos de violencia familiar, violencia de género, abuso sexual, violación y feminicidio.
• A partir de un análisis de cuánto tiempo tardaba una mujer que solicitaba una medida de protección urgente en materia familiar, es que también propuse la creación de un juzgado familiar exclusivo para atender este tipo de medidas, cuyo juzgado trabaja en un sistema de audiencias y oralidad, logrando reducir el tiempo de atención, de tres horas a 25 minutos, en promedio.
• También a partir del análisis de datos, detecté la necesidad de incrementar un juzgado más en oralidad penal, lo cual nos ha permitido que continuemos con un sistema de gestión sano y sin colapso.
• Además, mejoramos los servicios de orientación jurídica y atención ciudadana, a partir de encuestas que realicé, donde nos dimos cuenta de que las personas no conocían sus derechos, no conocían a la institución y tenían dudas de cuándo acudir y qué hacer. Lo anterior generó las campañas:
  • “Conoce tus derechos”;
  • “Caravana itinerante” (ir a las comunidades a acercar servicios de orientación);
  • “Conoce al poder judicial (asistir a escuelas a dar charlas sobre la institución y cómo prevenir violencia en las mujeres desde edades tempranas, así como orientación sobre justicia para adolescentes);
  • Creamos un nuevo sitio web con información accesible.
  • Creamos un Chat Bot denominado “Lex” que está en la página oficial, al que se le hacen preguntas sobre la institución u orientaciones jurídicas.
  • Contamos con la herramienta “Inegra2” para que personas con discapacidad puedan navegar por nuestro sitio web.
  • Lanzamos una nueva App y promovimos el expediente electrónico, con la finalidad que abogados y usuarios acudan a juzgados sólo cuando es necesario, pues dichas herramientas permiten consultar sus acuerdos desde sus despachos o desde donde se encuentren. Lo anterior, a partir de los datos que analizamos sobre la cantidad de personas diarias que nos visitan, lo que generaba problemáticas de movilidad y espacios de estacionamiento para acudir a Ciudad Judicial.

Concluí señalando que apostar por una justicia basada en evidencia es apostar por una justicia más humana, eficiente y accesible.

El poder judicial del siglo XXI debe ser una institución que aprenda de sus datos y los traduzca en decisiones justas.

El 27 y 28 de agosto de 2025, se llevó a cabo la Conferencia Internacional de Justicia Abierta, en Santo Domingo, República Dominicana, organizada por la Red Internacional de Justicia Abierta (RIJA), Open Government Partnership (OGP) y la Suprema Corte de Justicia de República Dominicana.

Fui invitada para participar en el panel “Observatorios como puente entre la ciudadanía y las instituciones de justicia”, donde compartí mesa con representantes de organizaciones civiles como México Evalúa y Programa Estado de la Nación–CONARE de Colombia; así como con una representante del poder judicial de Dominicana.

La invitación que recibí de OGP y RIJA, fue derivado de las acciones que realicé durante mi presidencia al frente del Poder Judicial del Estado de Querétaro, donde impulsé una agenda de justicia abierta y logré la creación del Observatorio Ciudadano del Poder Judicial del Estado de Querétaro, que contó con gran reconocimiento porque no se trató solo de una política del presidente en turno, sino que lo lleve como propuesta normativa y la LX Legislatura del Estado de Querétaro la aprobó en la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial que no rige.

En mi participación, dije que los observatorios contribuyen significativamente al fortalecimiento de la justicia abierta al servir como un puente crucial entre la ciudadanía y las instituciones judiciales. Su función principal es la de recopilar, analizar y difundir datos sobre el desempeño del sistema de justicia, lo que promueve la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Esta dinámica de doble vía permite que la sociedad civil supervise las acciones del Poder Judicial y que este, a su vez, reciba retroalimentación valiosa para mejorar sus procesos y políticas.

Mecanismos de Contribución de los Observatorios.

Los observatorios fortalecen la justicia abierta a través de varios mecanismos clave:

1. Transparencia y Acceso a la Información.

Los observatorios sistematizan y publican información relevante sobre la administración de justicia que, de otro modo, podría ser difícil de acceder. Esto incluye estadísticas sobre la duración de los casos, la resolución de sentencias, los tipos de delitos más comunes y el manejo de los recursos judiciales. Al hacer estos datos públicos, se elimina la opacidad, permitiendo a los ciudadanos entender mejor cómo funciona el sistema y exigiendo mayor responsabilidad a los jueces y funcionarios.

2. Rendición de Cuentas y Supervisión.

Al ser entidades independientes, los observatorios pueden realizar análisis críticos y objetivos sobre el desempeño judicial. Sus informes y estudios pueden evidenciar áreas de mejora, como la existencia de rezagos procesales o la disparidad en las sentencias, lo que presiona a las instituciones judiciales a actuar y corregir deficiencias. Esta supervisión externa es fundamental para asegurar que el Poder Judicial cumpla con sus funciones de manera eficiente y equitativa.

3. Participación Ciudadana y Co-creación.

Los observatorios no solo informan a la ciudadanía, sino que también la involucran activamente en el diseño y evaluación de las políticas judiciales. A través de consultas públicas, foros y mesas de trabajo, los ciudadanos pueden expresar sus preocupaciones, proponer soluciones y co-crear estrategias que reflejen sus necesidades. Este enfoque colaborativo fortalece la confianza pública en el sistema de justicia y lo hace más legítimo y accesible para todos.

El Papel del Poder Judicial.

Desde la perspectiva de los poderes judiciales, la creación y el apoyo a los observatorios ciudadanos no es una simple concesión, sino una decisión estratégica para su propio fortalecimiento. Al colaborar con estas entidades, el Poder Judicial demuestra un compromiso genuino con la transparencia y la apertura. Los observatorios actúan como un espejo de la sociedad, reflejando la percepción pública sobre el sistema de justicia y proporcionando datos para una mejor toma de decisiones.

Un Poder Judicial que promueve la justicia abierta a través de los observatorios se convierte en una institución más robusta y resiliente. No solo mejora su imagen pública, sino que también optimiza sus procesos internos al recibir retroalimentación constante sobre su desempeño. En última instancia, esta colaboración es vital para construir un sistema de justicia que sea verdaderamente justo, accesible y confiable para todos los ciudadanos.

Finalmente, mencioné las funciones con las que nació nuestro Observatorio Ciudadano y que son: a) Observar los procesos de selección por concursos de oposición para el cargo de juez, a efecto de que la ciudadanía confíe en los juzgadores al advertir directamente el riguroso método de selección; y b) observar los procesos de ejecución de gasto público, para que la ciudadanía conozca el presupuesto que se asigna, cómo se distribuye entre las necesidades del poder judicial y el poco margen que queda para implementar proyectos que abonen a una justicia con mayor celeridad procesal.

Aquí pueden ver el video de la primera parte de mi intervención en el panel y en este otro, una intervención final ante la pregunta que me hicieron sobre cómo acercarnos a la ciudadanía.

En el cierre de la Conferencia, firmamos la Declaración de Santo Domingo, a través de la cual, nos comprometemos con los principios de la justicia abierta. Un orgullo el haber sido invitada a suscribirla como única juzgadora mexicana, aquí pueden ver el enlace al respecto.

En la fotografía de esta publicación, aparezco con la juez polaca Dorota Zabludowska, con quien coincidí en la CIJA; ella es una digna representante de la lucha que lideró contra el gobierno de su país, ante los embates y amenazas hacia su poder judicial, de los cuales, los jueces salieron victoriosos porque la sociedad los apoyó, lo que no ocurrió en México.

El periodista Aurelio Peña me realizó una entrevista el 20 de agosto de 2025, en su programa de noticias Radar News.

El tema central de la entrevista fue sobre qué esperar en Querétaro con la reforma judicial.

Mencioné que tendríamos un impacto desde el 1 de septiembre de 2025, a pesar de que en lo local, no se ha aplicado la reforma, porque tendríamos 8 nuevos jueces de distrito y 8 nuevos magistrados de circuito del Poder Judicial de la Federación, y tendríamos qué esperar a saber bajo qué criterios resolverían los amparos indirectos y directos.

En cuanto a la reforma en lo local, hice referencia a que, si bien, Querétaro no fue a la elección popular del 1 de junio de 2025, ello no es contrario a la constitución, porque el artículo octavo transitorio del decreto de reforma constitucional publicado el 15 de septiembre de 2024, da la opción a las legislaturas de los estados para hacer la renovación de magistrados y jueces, en la elección extraordinaria del 2025 o en la ordinaria del 2027 y que ante tal opción, mi punto de vista es que fue correcto, sano y adecuado que Querétaro no fuera a dicha elección, para aprender de las experiencias –muy malas por cierto– que dejó la del 1 de junio pasado, y evitar incurrir en esos errores.

Le comenté a Aurelio Peña que la reforma constitucional no da el mismo trato al Poder Judicial de la Federación que a los poderes judiciales locales y que el legislador queretano, comprometido siempre con el fortalecimiento de las instituciones en Querétaro, tenía la labor de generar una reforma que respete la norma constitucional y distinguir adecuadamente qué no aplica al poder judicial local.

Por último me preguntó el entrevistador si la elección por voto popular debilita la democracia y contesté en sentido afirmativo. Agregué que debemos verlo como un debilitamiento no solo de la democracia, sino de la república. Nuestro régimen constitucional señala que estamos conformados en una república democrática, y que esto significa el respeto por la división de poderes como resultado del estado liberal y del estado de derecho propio del pensamiento ilustrado.

Si una constitución no da garantías adecuadas de esa división de funciones en el Estado, no se puede hablar de república, porque el poder judicial es el contrapeso de los otros dos poderes (refiriéndome a los tribunales constitucionales), dado que el poder judicial determina cuándo existió exceso en el poder ejecutivo frente a un ciudadano y también, anula leyes que emite el legislativo cuando éstas no respetan derechos fundamentales.

En cuanto a la democracia, debe ser vista no solo como un esquema donde los ciudadanos eligen a sus gobernantes –y ahora también a los jueces–, sino también, como una forma de gobierno en el que la regla de la mayoría es muy importante.

Para que una democracia funcione adecuadamente, necesita tres ingredientes: a) regla de las mayorías; b) voto universal; c) respeto a derechos. En cuanto a la primera regla, no se cumple, porque es insostenible hablar de “legitimidad democrática” cuando solo el 9% del padrón electoral votó, aun y con los acordeones, que sí intervinieron gobernantes y partidos políticos para movilizar a las personas a efecto de que fueran a votar el 1 de junio, a pesar de estar prohibido, lo que implica que si hubieran sido respetuosos de la norma constitucional, ni siquiera el 9% hubiese acudido a las urnas.

Y la tercera regla tampoco se da; es el ámbito de lo indecidible –como dice Ferrajoli–, es decir, el legislador no puede crear normas que se aparten de valores y principios constitucionales, uno de ellos, la república. Elegir por voto a los juzgadores, es atentar contra la república.

Estemos atentos al funcionamiento del nuevo poder judicial, porque es una falacia decir que por haber sido elegidos por voto popular, ya están legitimados y que con ello, la impartición de justicia va a mejorar. Esto no es así.

aquí pueden ver un extracto de la entrevista.